Un decálogo para la regeneración política
En los primeros años de la transición, la clase política gozaba de gran prestigio entre los ciudadanos porque la actividad política se veía entonces como un verdadero servicio al país. Actualmente, la excesiva y esterilizadora profesionalización que se ha instaurado en los partidos, unida a un perverso mecanismo de selección inversa de las élites políticas, hace que los militantes estén más volcados en progresar dentro de su respectiva organización que en servir el interés general. Muchos de ellos son conscientes que tras más de treinta años de democracia se ha impuesto un rígido y excluyente Estado de partidos, que se traduce, entre otras graves disfunciones, en que a cada político en particular le importe más lo que piensa la organización política de la que depende su carrera que la opinión o los intereses de los votantes.
Son numerosas las voces que acusan a la sociedad civil de estar adormecida y de poseer una escasa capacidad de reacción. No les falta razón. Pero desde hace poco tiempo parece haber despertado. Casi simultáneamente -lo cual revela que estamos ante una necesidad verdaderamente sentida- han salido a la palestra dos movimientos ciudadanos independientes entre sí que propugnan la reforma de la legislación sobre los partidos políticos con el fin de que su funcionamiento sea verdaderamente democrático, como ordena la Constitución. Es un paso que hay que aplaudir. Pero se necesita algo más ambicioso y general: dignificar la actividad política. Con el ánimo de contribuir a esa deseada e indispensable regeneración de la vida democrática proponemos al debate social el siguiente decálogo, formado por principios que entendemos como una base común para afrontar una de las grandes tareas que España tiene pendientes:
1º.- El Estado democrático de derecho, regido por una verdadera división de poderes, es el único marco para resolver los problemas de una sociedad moderna.
2º.- Las instituciones del Estado están al servicio del interés general, han de ser fuertes y deben estar por encima de los legítimos intereses particulares de los partidos.
3º.- Sin los partidos políticos no hay democracia: representan a los ciudadanos, vertebran la opinión pública y canalizan la participación ciudadana. Su funcionamiento ha de ser plenamente democrático, su financiación absolutamente transparente y su gestión de acuerdo con los principios de diligencia profesional, honradez y lealtad representativa.
4º.- Las organizaciones ciudadanas son un cauce indispensable para alcanzar objetivos sociales, pero no deben pretender asumir más representatividad que aquélla que se ajusta a su naturaleza y objetivos.
5º.- Los políticos son los gestores de los intereses colectivos por lo cual han de estar personal y profesionalmente a la altura de sus responsabilidades.
6º.- La actividad política, que es abierta y voluntaria y representa en sí misma un privilegio, no puede concebirse como una profesión que asegure un medio de vida permanente, sino como un modo de servir temporalmente a los ciudadanos.
7º.- La limitación de los mandatos es imprescindible para la transparencia política y para la renovación constante de las élites políticas, las ideas y los ideales.
8º.- La actividad política debe ejercerse con sujeción a las más estrictas reglas de la ética y del respeto a la legalidad, manteniendo en todo momento un comportamiento ejemplar tanto en lo público como en lo privado.
9º.- La corrupción produce un daño social que puede llegar a ser irreparable y debe ser perseguida y condenada sin titubeos ni excepciones.
10º.- La actividad política ejercida de acuerdo con estos principios debe asegurar a los que se dediquen a ella una remuneración digna.
