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Cetáceos varados y reforma de la enseñanza

jueves, 24 octubre, 2013
La Voz de Galicia

A mediados de este mes se produjo el varamiento múltiple de veintidós cetáceos (concretamente, calderones) en la costa del norte de Galicia. Aunque no se conoce con exactitud el motivo por el que tales grupos de mamíferos marinos dan en arena, suele indicarse que es por la fuerte cohesión que existe entre los miembros del grupo que siguen al que hace de guía aunque los conduzca a la muerte.

A principios del presente mes se hicieron públicos los resultados en los 22 países de la OCDE del Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de los Adultos (en el que participaron 6.055 españoles de entre 16 y 65 años), que arrojó unos resultados sonrojantes. Ocupamos el penúltimo lugar en comprensión lectora (solo superamos a Italia) y el último lugar en comprensión matemática.

Pues bien, permítanme que me sirva del triste suceso del varamiento de los calderones para reflexionar sobre la reforma de la enseñanza que pretende conseguirse por la nueva ley (Lomce), recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de toda la oposición.

La nueva ley presenta, entre otras, las siguientes novedades: introduce evaluaciones externas al final de secundaria y de bachillerato (las antiguas reválidas). Prevé tres modalidades de bachillerato: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. Sustituye la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otras que transmitirán formación en valores. Hay una apuesta por la formación profesional, con la creación del título Formación Profesional Básica y la flexibilización del acceso a los grados medio y superior. Hace efectivo el mandato constitucional de que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer el castellano y el derecho de usarlo. Y, finalmente, considera a los profesores autoridad pública, disfrutando de la presunción de veracidad.

En una aproximación desapasionada al problema de la enseñanza, sorprende que estas medidas, o al menos buena parte de ellas, no estuvieran implantadas desde siempre. Suponen, a mi juicio, una apuesta por la exigencia, el esfuerzo y la enseñanza de calidad, y es muy probable que nuestra deficiente capacitación, comprobada indubitadamente por la OCDE, se deba a no haberlas adoptado desde el comienzo mismo del actual período democrático.

Hasta ahora, el Partido Socialista nos ha conducido, a modo de cetáceo-guía, por el océano de la enseñanza, abocándonos a un enojante encallamiento formativo. Con la nueva ley, el Partido Popular intenta ofrecer un nuevo camino hacia el mar de la capacitación. Los que nos han llevado al fracaso educativo no solo se oponen a la reforma de la enseñanza, sino que nos amenazan con que cuando vuelvan al poder derogarán la Lomce. Si lo consiguen, volverán a vararnos en la playa de la ignorancia. Espero que entonces no se atrevan a vendernos que fue en defensa de políticas progresistas.

Secesionismo y falta de solidaridad

martes, 17 septiembre, 2013
La Voz de Galicia

 

La estrategia política que vienen practicando deslealmente los políticos catalanes secesionistas ha conseguido ofuscar la razón al secretario general del Partido Socialista y al ministro de Asuntos Exteriores. Ante la cadena humana que se formó el pasado día 11, Pérez Rubalcaba declaró que no debe minimizarse su significado y propuso una reforma de la Constitución que logre salvar la convivencia. Y García-Margallo, tras reconocer el éxito organizativo y de convocatoria de los catalanes encadenados, manifestó que hay que escuchar sus peticiones.

Tanto uno como el otro parecen haber olvidado que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Mientras no se reforme la Constitución no hay, por tanto, una soberanía catalana, ni vasca, ni gallega, ni andaluza. Para tomar en cuenta cualquier iniciativa secesionista, el parámetro es el pueblo español en su conjunto: la calle de toda España y no la de una parte de la misma. Según la Constitución, que es la misma ley que permite a Artur Mas adoptar sus iniciativas secesionistas, si llega el momento de escuchar el deseo de una comunidad autónoma de separarse de España, a quien hay que oír es a todos los españoles y no solamente a los ciudadanos de esa comunidad autónoma.

Y tampoco me parecen acertadas sus propuestas. Pérez Rubalcaba propone una reforma limitada de la Constitución, y García-Margallo parece inclinarse por modificar competencias para que Cataluña reciba todavía más de lo que se le ha venido dando desde el comienzo de la democracia. Los dos se han amedrentado ante la política de hechos consumados de los secesionistas.

No sé qué hará el Gobierno ni cómo se va a resolver este inquietante problema, azuzado y agrandado interesadamente por una parte de la clase política catalana. Pero creo que los que propugnan en Cataluña esta causa política cuyo trasfondo es puramente económico no son un ejemplo de solidaridad ni de generosidad con el resto de España. Antes al contrario, sin que exista causa alguna que lo justifique vienen reclamando para sí un reparto de la riqueza nacional todavía más favorable en claro perjuicio de otras partes de España más pobres.

Lo que no acabo de comprender es el distinto rasero con que medimos las posturas egoístas de los que más tienen, según se trate de personas individuales o entidades territoriales. En lo personal, todos convenimos en la necesidad de una política de redistribución de la riqueza de tal modo que paguen más los que más tienen. Por eso, nadie defiende a un rico matón que amenace a los demás para conseguir un trato todavía más favorable. En cambio, no se considera indecente que una de las comunidades autónomas más ricas reclame cada vez más recursos en perjuicio de las que menos tienen. Lo llevan haciendo desde que entró en vigor la Constitución y aquí hay gente que todavía considera que esos nacionalistas egoístas e insolidarios son progresistas.

La reforma de la enseñanza

jueves, 4 julio, 2013
La Voz de Galicia

En el último barómetro del CIS (marzo de 2013) la educación fue considerada la sexta preocupación de los ciudadanos, por detrás del paro, la corrupción y el fraude, los problemas de índole económica, la clase política, y la sanidad. Este dato es muy relevante si se tiene en cuenta que en la educación solo cabe influir con políticas a medio y largo plazo. Y sorprende sobremanera que, tras 34 años de democracia, la educación, lejos de haber mejorado -como se esperaba- con respecto a la del régimen político anterior, se haya deteriorado progresivamente hasta el punto de ser considerada como uno de los problemas principales de la ciudadanía.

Sitúo intencionadamente el problema en la actual democracia, porque nuestra Constitución elevó el derecho a la educación al rango de derecho fundamental, estableciendo que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y ordenando a los poderes públicos que garanticen a todos la educación mediante una programación general de la enseñanza.

Los datos sobre la evaluación de nuestro sistema educativo, además de explicar que la educación se haya convertido en una preocupación ciudadana, revelan que la programación general de la enseñanza, llevada a cabo desde el inicio de la democracia por el mismo partido político, ha resultado un indiscutible fracaso. Hay estudios que revelan que la comprensión matemática, la comprensión científica y -la que parece más fundamental- la comprensión lectora de nuestros estudiantes están más de diez puntos por debajo de las medias respectivas de la OCDE.

Llegados a este punto, cualquier ciudadano medianamente sensato considerará necesaria una nueva programación general de la enseñanza y hasta me atrevo a aventurar que, precisamente por necesitar de actuaciones políticas a medio y largo plazo, desearía que la elaboraran por consenso el mayor número posible de partidos políticos. Por desgracia, los hechos demuestran que va a resultar sumamente difícil, por no decir imposible, una programación consensuada por la fuerte e indeseada carga ideológica y adoctrinadora que algunos quieren imprimir al objeto de este derecho fundamental.

Así las cosas, y como no está escrito en ningún lugar que la programación general de la enseñanza tenga que hacerla de manera ineludible el partido que la ha desarrollado hasta hoy, es razonable dar al partido en el gobierno la oportunidad de hacer por primera vez una nueva programación. Mientras, los anteriores no deberían airear demagógicamente unos supuestos defectos de la reforma en perjuicio de las clases más modestas, como elevar el grado de exigencia y propugnar la cultura del esfuerzo. El escaso éxito de la programación anterior fue por no apostar por ambas cosas. La alternativa es, pues, seguir como hasta ahora o dar a nuestros estudiantes una nueva oportunidad exigiéndoles mayor rendimiento. Elijan ustedes mismos.