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Opinión popular y verdad judicial

sábado, 30 noviembre, 2013
ABC

Desde que acaece un suceso que conmociona la vida social y, como es lógico, se convierte de inmediato en noticia de gran impacto, se van conformando y difundiendo en los medios de comunicación diferentes versiones de lo sucedido, en las que influyen circunstancias de distinta naturaleza. Las adherencias que va recibiendo progresivamente el acontecimiento, a partir del instante en que salta a la luz pública, suelen ser interesadas y responden a intereses políticos, económicos, sociales, y, en ocasiones, todos ellos a la vez.

Lo relevante en este primer momento en el que se están configurando los distintos relatos de la noticia es que se opina sin pruebas. La inmediatez de lo noticioso impide esperar a que se contraste lo difundido con la realidad de lo sucedido. Basta con ofrecer una narración simplemente posible del suceso, aunque diste de lo que verdaderamente acaeció. A partir de entonces, la ciudadanía creerá mayoritariamente a quien mejor gestione mediáticamente su versión. La opinión popular coincidirá con la versión de quien haya logrado convencer a la mayor parte de los ciudadanos.

Pero las cosas no suelen quedarse ahí. Es muy frecuente que el suceso acabe siendo planteado ante los tribunales, y en este ámbito la sentencia que se dicte deberá ajustarse a los hechos declarados probados y a los fundamentos jurídicos que sean aplicables. Los alegatos de los contendientes habrán sido depurados por el tribunal de acuerdo con los medios de prueba que utilizaron en el proceso, y la verdad judicial será la que el juez considere mejor acreditada a la vista de las pruebas practicadas.

Cuando la justicia llegue al final –siempre tarde por lo general– habrá una opinión popular, más emocional que racional, muy próxima al acontecimiento, no basada en pruebas, y tendente a culpabilizar al poder. Y junto a ella, una verdad judicial, técnica, basada en la razón, alejada en el tiempo al suceso, acreditada por las pruebas practicadas y que declarará culpables a los que determinen las pruebas. Y claro, lo frecuente será que no coincidan la opinión popular y la verdad judicial. Lo cual suele producir en la ciudadanía un cierto sentimiento de desconcierto y frustración.

Esta colisión entre la apresurada opinión popular y la reposada verdad judicial no es inocua, produce víctimas, la principal de las cuales es la propia Justicia. Y es que la gente cuando comprueba que la justicia no condena a los «reos» que ella ya había culpabilizado, suele mirar desconfiadamente a los tribunales, en lugar de detenerse a pensar si no ha sido víctima de una manipulación urdida y manejada mediáticamente por portadores de intereses más o menos confesables.

Tomemos como ejemplo el caso del Prestige. A una gran parte de los ciudadanos, que todavía conserva en la memoria las desoladoras imágenes del crudo inundando la Costa de la Muerte y embadurnando espesamente el plumaje de las aves, le resultó incomprensible que el Tribunal no encontrara ningún responsable penal de aquella catástrofe ecológica. Pero ¿cómo se explica que sin conocer a fondo el sumario, sin haber leído la sentencia y sin poseer, muchos de ellos, conocimientos jurídicos, la gente opine que el Tribunal tenía que dictar una sentencia condenatoria?

La respuesta es que la oposición política y las plataformas ciudadanas que la apoyaron lograron convencer a la opinión pública de que las faltas administrativas y reglamentarias cometidas por el Gobierno en la gestión del accidente marino y sus dañosas consecuencias eran una conducta delictiva. Y el Gobierno no tuvo la cintura necesaria para persuadir a la sociedad de que el naufragio era una catástrofe fortuita y de que su actuación evitó precisamente que los daños fueran aún más graves. Lo malo es que, cuando once años después, la sentencia del Tribunal de lo Penal no confirma la versión en la que la ciudadanía había creído sanamente, ésta desconfía de la Justicia, en lugar de preguntarse por qué creyó la versión que se ajustaba menos a la realidad de acuerdo con los hechos que resultaron probados en el litigio.

Lo que me interesa subrayar caso es que hay otros casos abiertos, como el del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela o el caso Bárcenas, en los que ya hay opinión popular y todavía falta tiempo para que recaiga la verdad judicial. Es cierto que como el derecho va siempre detrás de la vida y ésta tiene hoy un ritmo vertiginoso, no podemos espera a que se declare la verdad judicial. Pero lo ocurrido en el caso del Prestige debería enseñarnos que hay que poner un poco de escepticismo en las primeras versiones mediáticas, en espera de la necesaria verdad judicial

 

La precisa delimitación del caso Nupel

domingo, 23 octubre, 2011
La voz de Galicia

Aunque en la contienda política no se exigen la misma precisión y rigor que en el ámbito jurídico, cuando se entrecruzan ambos escenarios acaba por desdibujarse cuál es el verdadero objeto del debate. En los últimos días, en el caso Nupel se dieron dos pasos en este sentido. El primero tuvo lugar después de conocerse el lugar en que se reunieron el ministro de Fomento y el empresario Dorribo. El hecho de que se vieran en una gasolinera convirtió este insólito punto de encuentro prácticamente en el eje central de los comentarios sobre el caso. El segundo paso que ayudó a oscurecer los verdaderos perfiles del asunto fue si el señor Dorribo había sido recibido también por el actual presidente de la Xunta. Introducir en el debate que el empresario lucense fue recibido por el señor Núñez Feijoo se hizo para sugerir maliciosamente una equiparación entre la conducta de los dos políticos.

Pues bien, el verdadero meollo del asunto no es ni dónde se reunió el ministro Blanco con el empresario lucense, ni si este fue recibido también por Alberto Núñez Feijoo. Y es que, desde el punto de vista legal, no solo nada impide que un ministro o el presidente de la Xunta reciban a un empresario, sino que parece hasta conveniente y lleno de sentido que lo hagan cuando se trata de un empresario de cierta importancia. Por si esto no fuera suficiente, tampoco está escrito en norma alguna que se considere ilícito fijar como lugar de reunión una gasolinera. Esto no deja de ser una simple anécdota que es irrelevante para el proceso penal en curso, aunque pueda ser objeto de crítica por su falta de oportunidad.

La clave de la cuestión está en que el señor Dorribo declaró, al parecer, que le entregó cierta cantidad de dinero al señor ministro, a través de la vía indirecta de un primo, para obtener ventajas políticas. Este es el verdadero meollo de la cuestión: lo realmente trascendente es si ha habido o no la supuesta percepción por parte del señor Blanco de una cantidad de dinero por favorecer los intereses del empresario Dorribo. Y en esta cuestión la posición del presidente de la Xunta no admite la más mínima comparación porque a él el empresario Dorribo ni siquiera lo ha mencionado. Por eso, mezclar en este asunto al presidente de la Xunta puede servir para el impreciso e interesado debate político y para tratar de desgastarlo en el ejercicio de su actividad al frente de la Xunta. Pero no servirá en absoluto para arrojar sobre él la más mínima sospecha de corrupción.

El ciudadano informado debe saber que lo que interesa al derecho, y en esto parece que se está actuando con el rigor propio de la investigación judicial, es si el empresario lucense ha pagado o no a ciertos políticos, entre ellos José Blanco, las comisiones que asegura haberles entregado. Aclarar este asunto es el verdadero núcleo de la cuestión y lo que debe interesar a los ciudadanos. Lo demás es ensombrecer el panorama mediático con la tinta del calamar que tanto se derrama últimamente en la política.

El campo de Bucéfalo

jueves, 25 agosto, 2011
El correo Gallego

JOSÉ Manuel Otero Lastres, con su segunda novela, El Campo de Bucéfalo -publicada por Pigmalión Ediciones-, nos demuestra que el camino emprendido en 2009, con La niña de Gris, está siendo recorrido con talento y acierto. Cuando una trayectoria literaria nos ofrece, a medida que transcurre, mejores producciones, ello quiere decir que el oficio se va consolidando y, con él, la posibilidad de que la aportación creativa sea mayor. Hay, sin embargo, que reconocer que Otero Lastres no es un nuevo en el oficio de escribir obras literarias. Su experiencia como autor de cuentos tiene en dos obras suyas, datadas en 2006, Carta a Miguel y otros cuentos y Las nubes pueden ser gemelas, el merecimiento del elogio.

Sabido es que Otero Lastres es un ilustre catedrático de Derecho Mercantil, que dirige en Madrid, de forma muy activa, un prestigioso bufete que lleva su nombre, y que cuenta con un gran prestigio ganado a pulso. Su trayectoria, en las facultades de Derecho en las que ha ejercido la docencia y la investigación, resulta impecable y está acompañada, como es de rigor, por una producción investigadora muy destacada. Además, lo caracterizan, entre otras muchas virtudes, su inmensa capacidad de trabajo, su capacidad por infundir entusiasmo y su perseverancia, cuando se trata de afrontar nuevas metas.

¿Qué tiene que ver todo ello con El Campo de Bucéfalo? Pues mucho. Y es que, como importante escritor que es, utiliza todo su saber y buen hacer para contar la mejor ficción posible. Su experiencia como mercantilista es el punto de partida para concebir un relato que nace de un litigio relacionado con una patente farmacéutica. Cabe destacar aquí una notoria capacidad narrativa al servicio de una argumentación, ahora más compleja, que consigue intrigarnos progresivamente hasta que nos encontramos con un desenlace a primera vista imprevisible.

Catedrático de Arte