Esquizofrenia política y constitucionalidad
Utilizo la palabra “esquizofrenia” en su sentido etimológico de “mente dividida” y con el único propósito de hacer un diagnóstico periodístico de las inadmisibles reacciones de ciertos políticos catalanes ante el rumor –¿falso, pero interesado para provocarlas?- de que el Tribunal Constitucional se propone declarar la inconstitucionalidad de más de 40 artículos del nuevo Estatuto de Cataluña. Y es que solamente con una mente partida en dos se puede, con una de ellas, tener la desfachatez de “vivir” profesionalmente de las instituciones creadas por la Constitución; y, con la otra, reaccionar simultáneamente con una inusitada virulencia contra una actuación plenamente correcta de esa otra institución constitucional, que tiene entre sus competencias la de controlar la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.
Habrá quien piense que esas reacciones desaforadas y virulentas de dichos políticos son puramente electoralistas, y que, más que responder a lo que les dicta la razón, son un modo demagógico de decir lo que quieren oír sus más fanatizados adeptos. Pero aunque fuera ésta la razón de sus intemperancias, los políticos catalanes aludidos deberían abandonar la confrontación y optar por la moderación y la prudencia, entre otras, por las dos siguientes razones: la responsabilidad inherente a las posiciones políticas desde las que hablan y la razón última, pero esencial, de la convivencia pacífica de todos los ciudadanos corrientes que estamos haciendo en común España desde hace muchos siglos.
Por otra parte, la imputada tardanza en dictar la sentencia no lo es tanto si se tiene presente que todavía en marzo de 2007 el Tribunal estaba resolviendo recusaciones de algunos de sus miembros. Pero es que aunque hubiera cierto retraso en la elaboración de la sentencia y aunque es verdad que el Tribunal no se renovó cuando le correspondía, no estamos ante justificaciones suficientes para que se dude interesadamente de la legitimidad del Tribunal, ni para que se pida ahora oportunistamente la dimisión en bloque de sus miembros. ¿Se diría lo mismo si el rumor fuera que la sentencia es favorable a la constitucionalidad?
Si, como es de esperar, la sentencia responde al innegable prestigio jurídico de los miembros del Tribunal, no hay que descartar que llegue a ser un aldabonazo en el sombrío y mediocre panorama en que se viene desenvolviendo desde hace algún tiempo nuestra actividad política, domesticada en exceso por el férreo control interno que se ejerce en los partidos políticos. Y ya puestos a soñar no estaría de más que tal sentencia pudiera obrar el milagro de hacer que algunos ciudadanos recobremos parte de las esperanzas que depositamos en nuestra Constitución. Porque, a pesar de sus innegables imperfecciones, plasmó en su articulado la deseada y necesaria reconciliación entre todos los españoles. Cosa que fue posible gracias la conexión que hubo en aquel momento entre el pueblo y los políticos no profesionalizados de entonces, los cuales con su indiscutible valía y su reconocida generosidad hicieron que la transición democrática fuera impecable.
