"Alakrana": fortalezas y debilidades
En los últimos días parece que se han complicado notablemente las cosas en la deseada –y esperemos que pronta- liberación de los marineros del atunero Alakrana. Hasta tal punto se ha descompuesto la situación que estamos asistiendo, no exagero si digo que perplejos, a un rosario de exculpaciones, mayormente de miembros del Gobierno, sobre quién dio la orden de traer a España a los dos piratas detenidos por nuestras fuerzas armadas.
Al parecer, en las negociaciones que se están llevando a cabo para la liberación de nuestros compatriotas, además de una importante suma de dinero, los secuestradores piden que España entregue a los dos piratas que nuestros tribunales han enviado a prisión. Y como, jurídicamente hablando, el problema no tiene fácil solución la pregunta que se hacen los medios de comunicación es a quién se le ha ocurrido la idea de traer los piratas a España.
Esta pregunta nos lleva directamente a la actitud con la están afrontando este problema los distintos poderes de nuestro Estado. Por lo que trasciende, el Gobierno se muestra claramente negociador, lo que en lenguaje claro y directo significa estar dispuesto a acceder a las dos peticiones de los secuestradores. El Parlamento todavía no se ha pronunciado sobre el tema. Y los tribunales hasta ahora están haciendo lo que deben: aplicar escrupulosamente la ley. Lo cual está dificultando la posición del Gobierno, porque no puede disponer de la libertad de los dos piratas a su antojo.
Aun reconociendo la gran dificultad que tiene una buena solución del problema, y que carece de sentido plantear si se podía haber evitado un nuevo secuestro de toda la tripulación de un buque pesquero, la actitud del Gobierno no parece acertada. Acceder, sin más, a lo que piden los secuestradores, además de reflejar una gran debilidad, es una invitación a que reincidan en ulteriores secuestros. En este sentido, tal vez sería más adecuado seguir el camino marcado por los gobiernos de otros países, como Francia o los EEUU, que, al haber actuado con gran firmeza, parecen haber disuadido a los piratas de intentar nuevas acciones con buques de estos dos países.
Afortunadamente, la Audiencia Nacional está dando muestras, hasta ahora, de que estamos en un país en el que el poder judicial es independiente. Y es precisamente la fortaleza de nuestro sistema judicial, la que está impidiendo que se adopte una solución de pasteleo, que, aunque pudiera producir el beneficio inmediato de la liberación de los secuestrados, acabaría por desprestigiar al Estado español en el ámbito internacional.
Y es que si los piratas son lo que parecen, acabarán olvidándose de los dos detenidos y liberarán a nuestros pescadores, eso sí, aumentando la cifra del rescate. Sea ésta u otra la solución final, este secuestro debería hacernos meditar sobre si no convendría adoptar otras medidas más enérgicas que disuadiesen a los piratas.
