Opinión popular y verdad judicial

ABC

Desde que acaece un suceso que conmociona la vida social y, como es lógico, se convierte de inmediato en noticia de gran impacto, se van conformando y difundiendo en los medios de comunicación diferentes versiones de lo sucedido, en las que influyen circunstancias de distinta naturaleza. Las adherencias que va recibiendo progresivamente el acontecimiento, a partir del instante en que salta a la luz pública, suelen ser interesadas y responden a intereses políticos, económicos, sociales, y, en ocasiones, todos ellos a la vez.

Lo relevante en este primer momento en el que se están configurando los distintos relatos de la noticia es que se opina sin pruebas. La inmediatez de lo noticioso impide esperar a que se contraste lo difundido con la realidad de lo sucedido. Basta con ofrecer una narración simplemente posible del suceso, aunque diste de lo que verdaderamente acaeció. A partir de entonces, la ciudadanía creerá mayoritariamente a quien mejor gestione mediáticamente su versión. La opinión popular coincidirá con la versión de quien haya logrado convencer a la mayor parte de los ciudadanos.

Pero las cosas no suelen quedarse ahí. Es muy frecuente que el suceso acabe siendo planteado ante los tribunales, y en este ámbito la sentencia que se dicte deberá ajustarse a los hechos declarados probados y a los fundamentos jurídicos que sean aplicables. Los alegatos de los contendientes habrán sido depurados por el tribunal de acuerdo con los medios de prueba que utilizaron en el proceso, y la verdad judicial será la que el juez considere mejor acreditada a la vista de las pruebas practicadas.

Cuando la justicia llegue al final –siempre tarde por lo general– habrá una opinión popular, más emocional que racional, muy próxima al acontecimiento, no basada en pruebas, y tendente a culpabilizar al poder. Y junto a ella, una verdad judicial, técnica, basada en la razón, alejada en el tiempo al suceso, acreditada por las pruebas practicadas y que declarará culpables a los que determinen las pruebas. Y claro, lo frecuente será que no coincidan la opinión popular y la verdad judicial. Lo cual suele producir en la ciudadanía un cierto sentimiento de desconcierto y frustración.

Esta colisión entre la apresurada opinión popular y la reposada verdad judicial no es inocua, produce víctimas, la principal de las cuales es la propia Justicia. Y es que la gente cuando comprueba que la justicia no condena a los «reos» que ella ya había culpabilizado, suele mirar desconfiadamente a los tribunales, en lugar de detenerse a pensar si no ha sido víctima de una manipulación urdida y manejada mediáticamente por portadores de intereses más o menos confesables.

Tomemos como ejemplo el caso del Prestige. A una gran parte de los ciudadanos, que todavía conserva en la memoria las desoladoras imágenes del crudo inundando la Costa de la Muerte y embadurnando espesamente el plumaje de las aves, le resultó incomprensible que el Tribunal no encontrara ningún responsable penal de aquella catástrofe ecológica. Pero ¿cómo se explica que sin conocer a fondo el sumario, sin haber leído la sentencia y sin poseer, muchos de ellos, conocimientos jurídicos, la gente opine que el Tribunal tenía que dictar una sentencia condenatoria?

La respuesta es que la oposición política y las plataformas ciudadanas que la apoyaron lograron convencer a la opinión pública de que las faltas administrativas y reglamentarias cometidas por el Gobierno en la gestión del accidente marino y sus dañosas consecuencias eran una conducta delictiva. Y el Gobierno no tuvo la cintura necesaria para persuadir a la sociedad de que el naufragio era una catástrofe fortuita y de que su actuación evitó precisamente que los daños fueran aún más graves. Lo malo es que, cuando once años después, la sentencia del Tribunal de lo Penal no confirma la versión en la que la ciudadanía había creído sanamente, ésta desconfía de la Justicia, en lugar de preguntarse por qué creyó la versión que se ajustaba menos a la realidad de acuerdo con los hechos que resultaron probados en el litigio.

Lo que me interesa subrayar caso es que hay otros casos abiertos, como el del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela o el caso Bárcenas, en los que ya hay opinión popular y todavía falta tiempo para que recaiga la verdad judicial. Es cierto que como el derecho va siempre detrás de la vida y ésta tiene hoy un ritmo vertiginoso, no podemos espera a que se declare la verdad judicial. Pero lo ocurrido en el caso del Prestige debería enseñarnos que hay que poner un poco de escepticismo en las primeras versiones mediáticas, en espera de la necesaria verdad judicial

 

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