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A mediados de este mes se produjo el varamiento múltiple de veintidós cetáceos (concretamente, calderones) en la costa del norte de Galicia. Aunque no se conoce con exactitud el motivo por el que tales grupos de mamíferos marinos dan en arena, suele indicarse que es por la fuerte cohesión que existe entre los miembros del grupo que siguen al que hace de guía aunque los conduzca a la muerte.

A principios del presente mes se hicieron públicos los resultados en los 22 países de la OCDE del Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de los Adultos (en el que participaron 6.055 españoles de entre 16 y 65 años), que arrojó unos resultados sonrojantes. Ocupamos el penúltimo lugar en comprensión lectora (solo superamos a Italia) y el último lugar en comprensión matemática.

Pues bien, permítanme que me sirva del triste suceso del varamiento de los calderones para reflexionar sobre la reforma de la enseñanza que pretende conseguirse por la nueva ley (Lomce), recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de toda la oposición.

La nueva ley presenta, entre otras, las siguientes novedades: introduce evaluaciones externas al final de secundaria y de bachillerato (las antiguas reválidas). Prevé tres modalidades de bachillerato: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. Sustituye la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otras que transmitirán formación en valores. Hay una apuesta por la formación profesional, con la creación del título Formación Profesional Básica y la flexibilización del acceso a los grados medio y superior. Hace efectivo el mandato constitucional de que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer el castellano y el derecho de usarlo. Y, finalmente, considera a los profesores autoridad pública, disfrutando de la presunción de veracidad.

En una aproximación desapasionada al problema de la enseñanza, sorprende que estas medidas, o al menos buena parte de ellas, no estuvieran implantadas desde siempre. Suponen, a mi juicio, una apuesta por la exigencia, el esfuerzo y la enseñanza de calidad, y es muy probable que nuestra deficiente capacitación, comprobada indubitadamente por la OCDE, se deba a no haberlas adoptado desde el comienzo mismo del actual período democrático.

Hasta ahora, el Partido Socialista nos ha conducido, a modo de cetáceo-guía, por el océano de la enseñanza, abocándonos a un enojante encallamiento formativo. Con la nueva ley, el Partido Popular intenta ofrecer un nuevo camino hacia el mar de la capacitación. Los que nos han llevado al fracaso educativo no solo se oponen a la reforma de la enseñanza, sino que nos amenazan con que cuando vuelvan al poder derogarán la Lomce. Si lo consiguen, volverán a vararnos en la playa de la ignorancia. Espero que entonces no se atrevan a vendernos que fue en defensa de políticas progresistas.

Al instaurar un Estado Social y democrático de Derecho, nuestra Constitución asigna un papel esencial al pueblo español. Entre otras cosas, lo considera portador de la soberanía nacional, fuente de la que emana la justicia u le concede el derecho a participar directamente en el asunto público de la justicia, y le reconoce el derecho a participar en el asunto público de la justicia a través del jurado. Por otro lado, entre los derechos fundamentales de los ciudadanos, nuestra Carta Magna prevé el comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión para formarse una opinión libre y democrática. El ejercicio por los distintos medios de difusión de su derecho a comunicar libremente información conduce, en ocasiones, a los llamados, sin demasiado rigor, juicios mediáticos. Expresión con la que se quiere significar que un exceso de información mediática sobre un determinado suceso, como un posible asesinato, puede acabar formando en los ciudadanos, antes del enjuiciamiento, una opinión previa desfavorable para los que aparecen como autores del mismo.

Y como el jurado está formado por destinatarios de la información mediática; es decir, españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que saben leer y escribir y que son vecinos de alguno de los municipios en los que se hubiera cometido el delito, hay quienes sostienen que tales ciudadanos, al estar indefectiblemente “contaminados” por ese prejuicio mediático, carecerán de la imparcialidad necesaria para juzgar sobre la culpabilidad del acusado.

Me parece que no es congruente creer en el relevante papel que reconoce la Constitución al pueblo español y a los medios y pensar, al mismo tiempo, que los posibles miembros del jurado en caso de ruido mediático carecerán de imparcialidad. Pero, aunque se admitiera a efectos dialécticos esta contradicción, conviene tener presente: que el tiempo hasta que se celebre el juicio debilitará la hipotética influencia de los medios, que las decisiones de los jurados sobre los puntos sometidos a su consideración deberán ser necesariamente motivadas, que el condenado puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ante el Tribunal Supremo y, en su caso ante el Tribunal Constitucional. Suficientes garantías como para barruntar que los juicios mediáticos impiden hacer justicia.

Aunque científicamente el ojo del huracán es el lugar de este fenómeno atmosférico donde hay más calma, hay un significado gramatical que es «centro de una situación polémica o conflictiva». Por eso, cuando digo que el rey está en el ojo del huracán es porque últimamente está en el centro de la polémica, que adjetivo como mediática porque se está más en los medios de comunicación que entre los ciudadanos.

Desde su impagable actuación con ocasión del intento golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo políticamente correcto era silenciar ciertos aspectos de la vida del monarca y, en lo que hubiera que hablar de él, hacerlo muy favorablemente. Me atrevo a decir que «aduladoramente», y no porque el modo impecable en que desempeñaba la jefatura del Estado no mereciera el elogio, sino porque en muchas ocasiones se bordeaba el servilismo. Y de todos es bien conocido que la adulación debilita, mientras que la crítica constructiva fortalece.

Hoy, algunas de aquellas cañas se han tornado lanzas, y lo que era una catarata de elogios se ha convertido en un echar cada uno su cuarto a espadas sobre la conducta de nuestro soberano, y especialmente sobre si ha llegado el momento de su abdicación a la Corona.

En relación con lo primero, se acaba de dar noticia de la supuesta bronca que con motivo de la Diada del año pasado le echó el rey al presidente de la Diputación de Barcelona al que reprochó manipular a la gente en favor del separatismo. En el minuto de gloria mediática que ha tenido recientemente este político por ese hecho antiguo, declaró que el rey había perdido la oportunidad de ejercer las funciones de árbitro y moderador que le atribuye la Constitución. Olvida este ciudadano que nuestra ley fundamental le encomienda esas funciones en relación con «el funcionamiento regular de las instituciones». Y organizar manifestaciones en favor de la secesión no parece que sea un funcionamiento constitucional y regular de las instituciones.

En cuanto a la abdicación, me parece que nos estamos dejando llevar más por la apariencia física que por la capacidad intelectual. La Constitución contempla el supuesto de que «el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales». Pero hasta ahora nadie ha sostenido que nuestro monarca ha perdido la capacidad para ejercer la jefatura del Estado. Y como nadie puede creer sinceramente que las dificultades físicas del rey lo hayan incapacitado intelectualmente -pensar así sería una afrenta enorme para todos los discapacitados físicos- se opta por sugerirle que sea él quien tome la decisión de abdicar. Salvo honrosas excepciones, estos opinantes me recuerdan a los que tan insistentemente recomendaban a Rajoy hace un año que pidiera el rescate. Y es que «el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos», como dijo fray Antonio de Guevara.