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Opinión popular y verdad judicial

sábado, 30 noviembre, 2013
ABC

Desde que acaece un suceso que conmociona la vida social y, como es lógico, se convierte de inmediato en noticia de gran impacto, se van conformando y difundiendo en los medios de comunicación diferentes versiones de lo sucedido, en las que influyen circunstancias de distinta naturaleza. Las adherencias que va recibiendo progresivamente el acontecimiento, a partir del instante en que salta a la luz pública, suelen ser interesadas y responden a intereses políticos, económicos, sociales, y, en ocasiones, todos ellos a la vez.

Lo relevante en este primer momento en el que se están configurando los distintos relatos de la noticia es que se opina sin pruebas. La inmediatez de lo noticioso impide esperar a que se contraste lo difundido con la realidad de lo sucedido. Basta con ofrecer una narración simplemente posible del suceso, aunque diste de lo que verdaderamente acaeció. A partir de entonces, la ciudadanía creerá mayoritariamente a quien mejor gestione mediáticamente su versión. La opinión popular coincidirá con la versión de quien haya logrado convencer a la mayor parte de los ciudadanos.

Pero las cosas no suelen quedarse ahí. Es muy frecuente que el suceso acabe siendo planteado ante los tribunales, y en este ámbito la sentencia que se dicte deberá ajustarse a los hechos declarados probados y a los fundamentos jurídicos que sean aplicables. Los alegatos de los contendientes habrán sido depurados por el tribunal de acuerdo con los medios de prueba que utilizaron en el proceso, y la verdad judicial será la que el juez considere mejor acreditada a la vista de las pruebas practicadas.

Cuando la justicia llegue al final –siempre tarde por lo general– habrá una opinión popular, más emocional que racional, muy próxima al acontecimiento, no basada en pruebas, y tendente a culpabilizar al poder. Y junto a ella, una verdad judicial, técnica, basada en la razón, alejada en el tiempo al suceso, acreditada por las pruebas practicadas y que declarará culpables a los que determinen las pruebas. Y claro, lo frecuente será que no coincidan la opinión popular y la verdad judicial. Lo cual suele producir en la ciudadanía un cierto sentimiento de desconcierto y frustración.

Esta colisión entre la apresurada opinión popular y la reposada verdad judicial no es inocua, produce víctimas, la principal de las cuales es la propia Justicia. Y es que la gente cuando comprueba que la justicia no condena a los «reos» que ella ya había culpabilizado, suele mirar desconfiadamente a los tribunales, en lugar de detenerse a pensar si no ha sido víctima de una manipulación urdida y manejada mediáticamente por portadores de intereses más o menos confesables.

Tomemos como ejemplo el caso del Prestige. A una gran parte de los ciudadanos, que todavía conserva en la memoria las desoladoras imágenes del crudo inundando la Costa de la Muerte y embadurnando espesamente el plumaje de las aves, le resultó incomprensible que el Tribunal no encontrara ningún responsable penal de aquella catástrofe ecológica. Pero ¿cómo se explica que sin conocer a fondo el sumario, sin haber leído la sentencia y sin poseer, muchos de ellos, conocimientos jurídicos, la gente opine que el Tribunal tenía que dictar una sentencia condenatoria?

La respuesta es que la oposición política y las plataformas ciudadanas que la apoyaron lograron convencer a la opinión pública de que las faltas administrativas y reglamentarias cometidas por el Gobierno en la gestión del accidente marino y sus dañosas consecuencias eran una conducta delictiva. Y el Gobierno no tuvo la cintura necesaria para persuadir a la sociedad de que el naufragio era una catástrofe fortuita y de que su actuación evitó precisamente que los daños fueran aún más graves. Lo malo es que, cuando once años después, la sentencia del Tribunal de lo Penal no confirma la versión en la que la ciudadanía había creído sanamente, ésta desconfía de la Justicia, en lugar de preguntarse por qué creyó la versión que se ajustaba menos a la realidad de acuerdo con los hechos que resultaron probados en el litigio.

Lo que me interesa subrayar caso es que hay otros casos abiertos, como el del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela o el caso Bárcenas, en los que ya hay opinión popular y todavía falta tiempo para que recaiga la verdad judicial. Es cierto que como el derecho va siempre detrás de la vida y ésta tiene hoy un ritmo vertiginoso, no podemos espera a que se declare la verdad judicial. Pero lo ocurrido en el caso del Prestige debería enseñarnos que hay que poner un poco de escepticismo en las primeras versiones mediáticas, en espera de la necesaria verdad judicial

 

No logro descubrir la razón

lunes, 4 noviembre, 2013
La Voz de Galicia

Me propongo averiguar si hay alguna razón que demuestre que Cataluña es diferente al resto de España, mereciendo, por ello, un trato político y económico desigual y privilegiado. Voy a moverme exclusivamente en el plano racional, no en el de los sentimientos y emociones, porque lo que sienta cada uno es irrelevante si no sirve para persuadir a los demás. Si alguien se considerase, por ejemplo, extraterrestre, solo lo tendríamos por tal si pudiera demostrarlo. Entraríamos entonces en el dominio de la razón, que es del que no hay que salirse para abordar seriamente el problema.

Pues bien, el primer obstáculo que surge es determinar quién es el sujeto de esa supuesta diferencia: Cataluña como entidad política, su territorio, o el conjunto de habitantes que viven allí. La cuestión se suscita porque estas tres realidades son difíciles de separar, toda vez que la entidad política Cataluña está formada por todos los ciudadanos que habitan duraderamente en su territorio.

Y es entonces cuando comienzan a asaltarme las dudas. Por reseñar solo algunas: si lo determinante son las personas más que el lugar en que viven, ¿qué sujetos son los portadores de esa supuesta diferencia merecedora del trato privilegiado? ¿Todos los que están censados allí actualmente, incluidos los que proceden de otras regiones? ¿O solo los de rancia estirpe catalana? Si son estos últimos, ¿hasta cuántas generaciones hay que remontarse? ¿Y qué sucede si alguno de ellos se traslada a vivir fuera de Cataluña? ¿Se lleva a cuestas el trato privilegiado a su nuevo lugar de residencia? Por último, ¿cuál es la razón para excluir a los que habitan hoy allí y no descienden de ellos? Demasiadas preguntas y difícil de justificar la respuesta que se elija.

Si se opta por la salida más fácil, a saber: Cataluña son todos los que viven actualmente en esta parte de España, ¿qué razón justifica que deba recibir un trato privilegiado alguien que se haya trasladado a vivir allí, y que se le niegue, en cambio, a los que no se hayan movido de su pueblo? ¿Es que el solo hecho de ir a vivir a Cataluña es argumento suficiente para ser considerado portador de ese hecho diferencial generador del merecimiento al trato privilegiado?

Es posible que se diga que el merecimiento viene desde antiguo. Pero por mucho que busco en la historia de España no encuentro un acontecimiento protagonizado por catalanes que haya hecho merecedores a sus descendientes de recibir un trato privilegiado frente al resto de los españoles. ¿Se podría justificar el pretendido hecho diferencial inventando una razón histórica? Se puede, pero sería racionalmente inadmisible, porque tan burda manipulación del pasado sería fácilmente desmontable acudiendo a la historia.

Finalmente, ¿se puede admitir como hecho diferencial la riqueza de sus residentes? Sí, pero ¿en qué razón se podría fundamentar esa prerrogativa, que no fueran la insolidaridad y el egoísmo? ¿Tendríamos que admitirlo los demás? Los buenos y generosos, rotundamente no.

Nuevos piratas de las comunicaciónes

viernes, 1 noviembre, 2013
Revista de prensa

Se atribuye al político francés Camille Sée la frase «la historia se repite, pero sus lecciones no se aprenden». La explicación de este desatino colectivo quizás esté en la propia condición humana que tiende a reiterar de vez en cuando algún acontecimiento desfavorable sin extraer las debidas conclusiones. Es como si hubiera algo irreprimible en nuestra naturaleza que nos mueva a reincidir en un error sin reparar en que estamos equivocados. Esto explica que haya reaparecido en nuestros días una actividad que se asemeja mucho a la antigua piratería del mar, una ocupación promovida desvergonzadamente por algunos monarcas que desapareció afortunadamente hace siglos. En efecto, la realidad actual nos muestra que en el vasto océano de las comunicaciones hay constantes abordajes llevados a cabo por los nuevos corsarios que se infiltran rápida y silenciosamente en los medios de transmisión con modernos y sofisticados instrumentos tecnológicos para interceptar las conversaciones ajenas.

Si durante los siglos XV a XVIII floreció la actividad de asaltar buques mercantes para hacerse con los bienes de valor que transportaban y lucrarse con su venta, actualmente se navega por el piélago de las comunicaciones interceptando las transmisiones entre terceros para capturar la valiosa presa de la información. En la sociedad de la comunicación globalizada, hacerse con lo que están planificando los otros poderosos supone llevar un paso de adelanto que tiene un valor incalculable a la hora de trazar la propia estrategia.

Por eso, reaparecen personajes de aquellos siglos. Los antiguos piratas del rey, llamados corsarios porque recibían patente de corso del monarca para practicar la piratería contra los barcos de los países enemigos, son hoy los agentes de los servicios secretos de los Estados. Al igual que aquéllos, éstos se dedican al espionaje de las comunicaciones con pleno conocimiento y autorización de los respectivos jefes del Poder Ejecutivo, que les dan patente de corso para capturar ilegalmente toda información que interese política o económicamente. Pero la codicia por la información ajena ha llegado hasta tal extremo que los corsarios de la información se comportan con mucha más deslealtad que los vetustos corsarios del Rey. Éstos conseguían acercarse a los buques de sus víctimas engañándolos con pabellones de otros países, pero antes del abordaje izaban siempre la bandera pirata para atemorizar y conseguir una rápida rendición. En cambio, los servicios secretos actúan siempre clandestinamente procurando que en ningún momento los espiados se enteren de este asalto furtivo a su privacidad.

El botín de los corsarios modernos es mucho más valioso que las monedas de oro y las alhajas de antaño: los antiguos saqueadores de buques anhelaban la riqueza material, los actuales corsarios de la información ansían el poder. Y cuando es esto lo que se persigue, no hay hartura aunque se satisfaga con exceso: el poderoso no se sacia jamás de información, tiene una cabida ilimitada para engullir todo conocimiento proveniente de terceros que le procure una situación de ventaja. Y gracias a revelaciones de algunos protagonistas deslenguados se ha dado a conocer que hay Estados que espían no solo a enemigos y adversarios, sino incluso a los propios aliados, disfrazando su inadmisible actuación con el ropaje de la seguridad cuando lo que persiguen muchas veces es un inconfesable y desmedido afán de poder político y económico. Este comportamiento entre aliados parecería especialmente alevoso, de no ser porque todos se espían entre sí y nadie confía seriamente en que los países amigos no interceptarán sus comunicaciones.

Tanto en la antigua piratería del mar como en la de las comunicaciones se saquea a los que tienen algo que interese. Los corsarios y piratas abordaban los buques españoles, ingleses, franceses y holandeses que iban cargados con mercancías valiosas, desde oro y piedras preciosas hasta esclavos. En la actualidad, los corsarios de los servicios de inteligencia interceptan, por razones económicas, las comunicaciones de los países más ricos, como EE.UU, Rusia, China, Japón, los miembros de la UE y algún otro de economía emergente; y, por razones de seguridad, las de los países que cobijan los movimientos terroristas.

Pero en la moderna navegación no solo hay esos corsarios con patente de Estado, las modernas redes sociales están propiciando la aparición de unos sujetos detestables que se dedican a un tipo especial de piratería consistente en violentar la intimidad de los particulares. En efecto, cuando alguien utiliza las palabras, en forma oral o escrita, para expresar sus ideas y pensamientos y hacer que sean captadas por los demás, se convierte en autor de las mismas. Este sujeto puede querer que no salgan del entorno privado en el que fueron comunicadas, en el que es muy poco probable que desee mantener oculto el hecho de su paternidad. Entre los suyos, no tendrá ningún inconveniente en declararse autor y hacerse responsable de sus manifestaciones. Pero no deja de ser una responsabilidad menor porque lo reducido del entorno hará poco trascendente el juicio o la opinión expresada a los más íntimos.

Las cosas son distintas cuando los pensamientos son comunicados a la generalidad o a un círculo amplio e indeterminado de personas. En este caso, el autor puede identificarse, generalmente con su nombre entero o parcial, u ocultar su identidad ya sea utilizando un seudónimo, ya escondiéndose en el anonimato. Cuando alguien emplea su propio nombre, además de la paternidad, asume las consecuencias del contenido de su pensamiento y del hecho de su difusión, entre las que destaca no traspasar los límites de su libertad de expresión. Y, si navega así por la red, enarbola visiblemente el pabellón de su personalidad. Pero hay otros que irrumpen en la red para acosar verbalmente a los demás sin dar la cara, eludiendo todo tipo de responsabilidad al ampararse en seudónimos difícilmente rastreables. Éstos son auténticos piratas. Es verdad que esta otra piratería presenta innegables diferencias con la de los espías-corsarios: la presa no es la información sino expresarse sin límites, el objetivo no es el poder sino actuar impunemente, y no hay autorización del Estado sino aprovechamiento de los defectos de control que aún presenta la red. Pero si recurro al símil de la piratería es porque hay demasiados navegantes por la red que se deslizan cobardemente, amparándose en su falta de identificación para violentar el honor, la intimidad y la imagen ajenos. Estos piratas, como los de antaño, deben ser perseguidos hasta sacarlos de sus madrigueras porque no ejercitan derecho ni libertad dignos de cualquier protección.