Todos, ¡sois también vosotros!
Está circulando por la Red un mensaje que contiene los siguientes datos. En España, hay 445.568 políticos, 165.967 médicos, 154.000 policías y 19. 854 bomberos. Es decir, que hay 105.747 políticos más que el total de médicos, policías y bomberos, que asciende a 339.821. Desconozco si estos números son ciertos o erróneos, y, en este último caso, si la desviación es relevante o no. Pero sea de esto lo que fuere, los guarismos reseñados, aunque solo sean aproximados, suscitan la siguiente reflexión.
Actualmente, la impresión generalizada es que la crisis económica que nos atenaza tiene unos sujetos que son más responsables que los demás: los políticos, que son los que han administrado los recursos públicos, y los banqueros que son los que concedieron los créditos a los clientes. Y, sin embargo, el ciudadano contempla estupefacto cómo hasta ahora los recortes inherentes a la crisis no parecen haber afectado a ninguno de esos dos protagonistas.
Hasta ahora, no se ha afrontado con valentía la necesaria reducción del escandalosamente excesivo número de sujetos que se dedican profesionalmente a la política. A nadie con un mínimo de luces se le escapa que sobran muchísimos políticos. Y por si esto fuera poco, su actuación no ha sido económicamente ordenada ni mínimamente diligente, porque, de haberlo sido, la situación sería otra. Por otra parte, todo el mundo sabe que mientras que para ser médico, policía o bombero hay que pasar unos controles exigentes, para ser político no se exige absolutamente nada. De aquí la injusticia implícita en la política de recortes que se viene aplicando, porque no afecta a los que debería, esto es, a los que sobran y a los que no tienen que superar prueba pública alguna para acceder al puesto de trabajo.
Pues bien, si no se ha recortado el insoportablemente innecesario número de políticos es justamente porque son ellos los que tendrían que votar esta medida. Y claro, los que deciden quiénes deben soportar las consecuencias de la crisis se resisten a incluirse.
En cuanto a los banqueros, mientras no reciban ayudas del Estado, la vía para exigirles responsabilidad está perfectamente delimitada: queda en el ámbito privado y corresponde a sus accionistas disponer de las acciones judiciales. Ahora bien, tan pronto como una entidad de crédito acude al erario para sanear sus cuentas, la situación varía radicalmente. Porque, por puro sentido común, no se pueden dar fondos públicos para que intente salvar a la entidad a quien ha sido el responsable de su fracaso económico. El consejo de administración de la banca rescatada debería ser, por eso, cesado fulminantemente.
Hasta ahora, no se ha recortado significativamente el número de políticos, ni se han producido ceses de banqueros. Si la crisis debe ser soportada entre todos y en la medida más equitativa posible, hay que recordar a quienes deciden los recortes que todos no somos los demás, sino que también los políticos sobrantes y los banqueros ineficaces.
Jose Manuel Otero Lastres