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 Durante los últimos años de la dictadura franquista, cada vez fueron adquiriendo mayor presencia en los medios las actividades de los políticos que luchaban por la llegada de la democracia. Los hechos noticiosos de entonces tenían lugar sobre todo en dos ámbitos. Se solía aludir a cierta inquietud entre los militares ante los movimientos llamados de agitación política, protagonizados principalmente por estudiantes universitarios y sindicalistas. Y también eran habituales noticias sobre actuaciones duramente represivas de las fuerzas de orden público y sobre juicios políticos que se veían ante el entonces denominado Tribunal de Orden Público (TOP).

Es verdad que todo esto queda muy lejos, ya que sucedió principalmente entre 1968 y 1975. Pero a veces conviene volver la vista al pasado para valorar mejor lo que nos está sucediendo. Porque si en aquellos tiempos el protagonismo correspondía, de un lado, a políticos que peleaban por la democracia y, de otro, a las fuerzas de orden público, al Ejército y a los tribunales de tipo político que defendían el régimen autocrático, las cosas han cambiado tanto que hoy el papel de los actores implicados tiene muy poco que ver con el de entonces.

En efecto, los que en aquellos tiempos hostigaban a los políticos demócratas son actualmente actores ejemplares en la democracia. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército, en el barómetro del CIS de abril de este año, reciben la máxima valoración por parte de los españoles: la Guardia Civil, con un 5,71, se ha situado en la primera posición, seguida por la Policía, con un 5,65, y por las Fuerzas Armadas, con un 5,21. Lo cual supone, entre otras cosas, que cumplen a satisfacción con su misión constitucional. Y, como no podía ser de otro modo, el TOP desapareció con la democracia.

¿Y qué pasó entretanto con la clase política que trajo la democracia? Pues que como no funcionaron los controles -tal vez porque esto fue lo que se quiso-, una parte de sus integrantes se han convertido en golfos y corruptos. En el acto de apertura del presente año judicial, el fiscal general del Estado señaló que durante el año 2012 se incrementaron las calificaciones por delitos de prevaricación administrativa en un 23,85 % y las de fraude cometido por autoridad o funcionario público en un 120 %. Esto explica que diariamente sean noticia de portada juicios penales abiertos a políticos por casos de corrupción.

Hoy las fuerzas de seguridad y los tribunales, que defienden la democracia, siguen persiguiendo a algunos políticos, pero no por luchar por ella, sino por algo tan deleznable e impensable entonces como corromperse, olvidando que la honradez es una condición indispensable en el político demócrata. ¡Qué vergüenza!

La estrategia política que vienen practicando deslealmente los políticos catalanes secesionistas ha conseguido ofuscar la razón al secretario general del Partido Socialista y al ministro de Asuntos Exteriores. Ante la cadena humana que se formó el pasado día 11, Pérez Rubalcaba declaró que no debe minimizarse su significado y propuso una reforma de la Constitución que logre salvar la convivencia. Y García-Margallo, tras reconocer el éxito organizativo y de convocatoria de los catalanes encadenados, manifestó que hay que escuchar sus peticiones.

Tanto uno como el otro parecen haber olvidado que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Mientras no se reforme la Constitución no hay, por tanto, una soberanía catalana, ni vasca, ni gallega, ni andaluza. Para tomar en cuenta cualquier iniciativa secesionista, el parámetro es el pueblo español en su conjunto: la calle de toda España y no la de una parte de la misma. Según la Constitución, que es la misma ley que permite a Artur Mas adoptar sus iniciativas secesionistas, si llega el momento de escuchar el deseo de una comunidad autónoma de separarse de España, a quien hay que oír es a todos los españoles y no solamente a los ciudadanos de esa comunidad autónoma.

Y tampoco me parecen acertadas sus propuestas. Pérez Rubalcaba propone una reforma limitada de la Constitución, y García-Margallo parece inclinarse por modificar competencias para que Cataluña reciba todavía más de lo que se le ha venido dando desde el comienzo de la democracia. Los dos se han amedrentado ante la política de hechos consumados de los secesionistas.

No sé qué hará el Gobierno ni cómo se va a resolver este inquietante problema, azuzado y agrandado interesadamente por una parte de la clase política catalana. Pero creo que los que propugnan en Cataluña esta causa política cuyo trasfondo es puramente económico no son un ejemplo de solidaridad ni de generosidad con el resto de España. Antes al contrario, sin que exista causa alguna que lo justifique vienen reclamando para sí un reparto de la riqueza nacional todavía más favorable en claro perjuicio de otras partes de España más pobres.

Lo que no acabo de comprender es el distinto rasero con que medimos las posturas egoístas de los que más tienen, según se trate de personas individuales o entidades territoriales. En lo personal, todos convenimos en la necesidad de una política de redistribución de la riqueza de tal modo que paguen más los que más tienen. Por eso, nadie defiende a un rico matón que amenace a los demás para conseguir un trato todavía más favorable. En cambio, no se considera indecente que una de las comunidades autónomas más ricas reclame cada vez más recursos en perjuicio de las que menos tienen. Lo llevan haciendo desde que entró en vigor la Constitución y aquí hay gente que todavía considera que esos nacionalistas egoístas e insolidarios son progresistas.

Nuestra Constitución reconoce a los trabajadores el derecho fundamental de hacer huelga para defender sus intereses. Y prevé también que el ejercicio de este derecho será desarrollado por una ley que establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Sorprendentemente, desde la entrada en vigor de la Constitución, hace casi 35 años, sigue sin cumplirse el mandato constitucional de promulgar una ley de huelga.

El reconocimiento constitucional de este derecho y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han sido suficientes para que pudieran desarrollarse las numerosísimas huelgas que hubo hasta ahora, algunas de ellas generales. No debe extrañar, pues, que haya ciudadanos que piensen que cumplir el mandato constitucional de que se regule el ejercicio de este derecho es algo que no interesa a los políticos, ni a los sindicatos. Otra cosa es lo que interesa a los ciudadanos, ya que muchas huelgas, tal y como se vienen realizando, perjudican notablemente sus intereses.

No es discutible democráticamente que si ven amenazados sus intereses los trabajadores tienen el derecho a interrumpir temporalmente el trabajo con el fin de protegerse. Pero las huelgas raramente suelen quedarse en el hecho de faltar al trabajo. Muchas más veces de las deseables hay actuaciones de algunos trabajadores que van más allá de lo que les ha otorgado la Constitución para la defensa de sus intereses. Todos hemos oído hablar de piquetes coercitivos que coaccionan a los trabajadores que desean trabajar para que vayan a la huelga. Y en la guerra del lenguaje se utiliza el término eufemístico de piquetes informativos para encubrir la ilícita conducta de aquellos.

Pero lo que es inadmisible son los numerosos destrozos que causan los más exaltados. Con ocasión del inicio de la huelga de basuras aparecía en portada de La Voz la fotografía de unos fardos ardiendo en la planta de Nostián. Hubo además una actuación coordinada en Eirís y A Grela para prender varios fuegos, crear falsas alarmas de incendios y cometer otros sabotajes, lo que generó daños de 600.000 euros. ¿Tiene algo que ver esta atrabiliaria forma de actuar con lo que es una huelga para defender los -no me cabe duda- legítimos derechos de los operarios encargados de la recogida de basuras?

La ley de huelga es necesaria al menos para la generalidad de los ciudadanos. En ella, habrá que tener en cuenta que quienes sufren sus consecuencias no son solo los empleadores, sino también todos nosotros. Por eso, no sería mucho pedir que en la deseable ley de huelga se intente evitar que el ejercicio de este derecho cause un daño innecesario a la generalidad de los ciudadanos.