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A mediados de este mes se produjo el varamiento múltiple de veintidós cetáceos (concretamente, calderones) en la costa del norte de Galicia. Aunque no se conoce con exactitud el motivo por el que tales grupos de mamíferos marinos dan en arena, suele indicarse que es por la fuerte cohesión que existe entre los miembros del grupo que siguen al que hace de guía aunque los conduzca a la muerte.

A principios del presente mes se hicieron públicos los resultados en los 22 países de la OCDE del Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de los Adultos (en el que participaron 6.055 españoles de entre 16 y 65 años), que arrojó unos resultados sonrojantes. Ocupamos el penúltimo lugar en comprensión lectora (solo superamos a Italia) y el último lugar en comprensión matemática.

Pues bien, permítanme que me sirva del triste suceso del varamiento de los calderones para reflexionar sobre la reforma de la enseñanza que pretende conseguirse por la nueva ley (Lomce), recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de toda la oposición.

La nueva ley presenta, entre otras, las siguientes novedades: introduce evaluaciones externas al final de secundaria y de bachillerato (las antiguas reválidas). Prevé tres modalidades de bachillerato: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. Sustituye la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otras que transmitirán formación en valores. Hay una apuesta por la formación profesional, con la creación del título Formación Profesional Básica y la flexibilización del acceso a los grados medio y superior. Hace efectivo el mandato constitucional de que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer el castellano y el derecho de usarlo. Y, finalmente, considera a los profesores autoridad pública, disfrutando de la presunción de veracidad.

En una aproximación desapasionada al problema de la enseñanza, sorprende que estas medidas, o al menos buena parte de ellas, no estuvieran implantadas desde siempre. Suponen, a mi juicio, una apuesta por la exigencia, el esfuerzo y la enseñanza de calidad, y es muy probable que nuestra deficiente capacitación, comprobada indubitadamente por la OCDE, se deba a no haberlas adoptado desde el comienzo mismo del actual período democrático.

Hasta ahora, el Partido Socialista nos ha conducido, a modo de cetáceo-guía, por el océano de la enseñanza, abocándonos a un enojante encallamiento formativo. Con la nueva ley, el Partido Popular intenta ofrecer un nuevo camino hacia el mar de la capacitación. Los que nos han llevado al fracaso educativo no solo se oponen a la reforma de la enseñanza, sino que nos amenazan con que cuando vuelvan al poder derogarán la Lomce. Si lo consiguen, volverán a vararnos en la playa de la ignorancia. Espero que entonces no se atrevan a vendernos que fue en defensa de políticas progresistas.

Al instaurar un Estado Social y democrático de Derecho, nuestra Constitución asigna un papel esencial al pueblo español. Entre otras cosas, lo considera portador de la soberanía nacional, fuente de la que emana la justicia u le concede el derecho a participar directamente en el asunto público de la justicia, y le reconoce el derecho a participar en el asunto público de la justicia a través del jurado. Por otro lado, entre los derechos fundamentales de los ciudadanos, nuestra Carta Magna prevé el comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión para formarse una opinión libre y democrática. El ejercicio por los distintos medios de difusión de su derecho a comunicar libremente información conduce, en ocasiones, a los llamados, sin demasiado rigor, juicios mediáticos. Expresión con la que se quiere significar que un exceso de información mediática sobre un determinado suceso, como un posible asesinato, puede acabar formando en los ciudadanos, antes del enjuiciamiento, una opinión previa desfavorable para los que aparecen como autores del mismo.

Y como el jurado está formado por destinatarios de la información mediática; es decir, españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que saben leer y escribir y que son vecinos de alguno de los municipios en los que se hubiera cometido el delito, hay quienes sostienen que tales ciudadanos, al estar indefectiblemente “contaminados” por ese prejuicio mediático, carecerán de la imparcialidad necesaria para juzgar sobre la culpabilidad del acusado.

Me parece que no es congruente creer en el relevante papel que reconoce la Constitución al pueblo español y a los medios y pensar, al mismo tiempo, que los posibles miembros del jurado en caso de ruido mediático carecerán de imparcialidad. Pero, aunque se admitiera a efectos dialécticos esta contradicción, conviene tener presente: que el tiempo hasta que se celebre el juicio debilitará la hipotética influencia de los medios, que las decisiones de los jurados sobre los puntos sometidos a su consideración deberán ser necesariamente motivadas, que el condenado puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ante el Tribunal Supremo y, en su caso ante el Tribunal Constitucional. Suficientes garantías como para barruntar que los juicios mediáticos impiden hacer justicia.

En su reciente viaje a Kazajistán y Japón, Mariano Rajoy, tras reseñar que el señor Mas se estaba equivocando con sus planteamientos secesionistas, lo invitó a que tuviera un acto de grandeza; es decir, a que procediera con excelencia moral y abandonara sus pretensiones separatistas. La respuesta del señor Mas fue inmediata: la verdadera grandeza era que se dejara expresar al pueblo en una consulta.

Tiene sentido pedir a los adversarios políticos que actúen con elevación de espíritu cuando se trata de afrontar problemas de interés nacional, como puede ser la pretensión de amputar una parte del territorio español. Pero habrá quien se pregunte -y seguro que no son pocos- si en el punto en el que están las cosas tiene sentido seguir con la política de las grandes palabras y de los paños calientes. Desde luego, la prudencia de todo buen gobernante -que tiene además la sartén por el mango- aconseja hacer todo lo posible por no romper definitivamente. Pero esta actitud puede ser malinterpretada no solo por los políticos implicados, sino por los ciudadanos en general, que pueden ver un signo de debilidad allí donde parece haber generosidad con los de menos poder político.

En cualquier caso, una vez más, el presidente del Gobierno volvió a fijar de manera nítida la línea que el señor Mas no puede traspasar: la Constitución. Porque mientras no se modifique -si es que alguna vez llega a serlo-, la Constitución compendia las reglas de juego que nos hemos dado los españoles para convivir pacíficamente y en libertad. Y no nos ha ido mal precisamente.

Por eso, discrepo radicalmente de la opinión del presidente de la Generalitat de Cataluña cuando dice que la grandeza es dejar que se exprese el pueblo. Si el pueblo al que se refiere es el español, y lo que pide es que todos nosotros nos expresemos al respecto en el referendo que prevé la Constitución -propuesto por el presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso y convocado por el rey-, no tengo nada que decir. Pero es evidente que en su cabeza no hay más pueblo que el catalán; por eso considerar que la grandeza moral es oír solo a los catalanes e incumplir la Constitución me parece un dislate más de este personaje del que empiezo a pensar, como brillantemente expuso en este periódico Roberto Blanco Valdés, que es un cuentista, un pícaro, un iluminado o un farsante y, desde luego, el mayor irresponsable de nuestro panorama político.

Pudiera parecer que si se recurre al insulto es porque carecemos de razones, ya que, según escribió Quevedo, «el insulto es la razón del que razón no tiene». Pero no es lo que ocurre en este caso. Multitud de comentaristas han expuesto razones irrebatibles que demuestran indubitadamente que una consulta al pueblo catalán sobre su soberanía no tiene cabida en la Constitución. Si me sumo a los calificativos de Blanco Valdés es porque, como ha dicho Napoleón, «hay pícaros suficientemente pícaros para portarse como personas honradas». Y el señor Mas puede ser uno de ellos