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Nuevos piratas de las comunicaciónes

viernes, 1 noviembre, 2013
Revista de prensa

Se atribuye al político francés Camille Sée la frase «la historia se repite, pero sus lecciones no se aprenden». La explicación de este desatino colectivo quizás esté en la propia condición humana que tiende a reiterar de vez en cuando algún acontecimiento desfavorable sin extraer las debidas conclusiones. Es como si hubiera algo irreprimible en nuestra naturaleza que nos mueva a reincidir en un error sin reparar en que estamos equivocados. Esto explica que haya reaparecido en nuestros días una actividad que se asemeja mucho a la antigua piratería del mar, una ocupación promovida desvergonzadamente por algunos monarcas que desapareció afortunadamente hace siglos. En efecto, la realidad actual nos muestra que en el vasto océano de las comunicaciones hay constantes abordajes llevados a cabo por los nuevos corsarios que se infiltran rápida y silenciosamente en los medios de transmisión con modernos y sofisticados instrumentos tecnológicos para interceptar las conversaciones ajenas.

Si durante los siglos XV a XVIII floreció la actividad de asaltar buques mercantes para hacerse con los bienes de valor que transportaban y lucrarse con su venta, actualmente se navega por el piélago de las comunicaciones interceptando las transmisiones entre terceros para capturar la valiosa presa de la información. En la sociedad de la comunicación globalizada, hacerse con lo que están planificando los otros poderosos supone llevar un paso de adelanto que tiene un valor incalculable a la hora de trazar la propia estrategia.

Por eso, reaparecen personajes de aquellos siglos. Los antiguos piratas del rey, llamados corsarios porque recibían patente de corso del monarca para practicar la piratería contra los barcos de los países enemigos, son hoy los agentes de los servicios secretos de los Estados. Al igual que aquéllos, éstos se dedican al espionaje de las comunicaciones con pleno conocimiento y autorización de los respectivos jefes del Poder Ejecutivo, que les dan patente de corso para capturar ilegalmente toda información que interese política o económicamente. Pero la codicia por la información ajena ha llegado hasta tal extremo que los corsarios de la información se comportan con mucha más deslealtad que los vetustos corsarios del Rey. Éstos conseguían acercarse a los buques de sus víctimas engañándolos con pabellones de otros países, pero antes del abordaje izaban siempre la bandera pirata para atemorizar y conseguir una rápida rendición. En cambio, los servicios secretos actúan siempre clandestinamente procurando que en ningún momento los espiados se enteren de este asalto furtivo a su privacidad.

El botín de los corsarios modernos es mucho más valioso que las monedas de oro y las alhajas de antaño: los antiguos saqueadores de buques anhelaban la riqueza material, los actuales corsarios de la información ansían el poder. Y cuando es esto lo que se persigue, no hay hartura aunque se satisfaga con exceso: el poderoso no se sacia jamás de información, tiene una cabida ilimitada para engullir todo conocimiento proveniente de terceros que le procure una situación de ventaja. Y gracias a revelaciones de algunos protagonistas deslenguados se ha dado a conocer que hay Estados que espían no solo a enemigos y adversarios, sino incluso a los propios aliados, disfrazando su inadmisible actuación con el ropaje de la seguridad cuando lo que persiguen muchas veces es un inconfesable y desmedido afán de poder político y económico. Este comportamiento entre aliados parecería especialmente alevoso, de no ser porque todos se espían entre sí y nadie confía seriamente en que los países amigos no interceptarán sus comunicaciones.

Tanto en la antigua piratería del mar como en la de las comunicaciones se saquea a los que tienen algo que interese. Los corsarios y piratas abordaban los buques españoles, ingleses, franceses y holandeses que iban cargados con mercancías valiosas, desde oro y piedras preciosas hasta esclavos. En la actualidad, los corsarios de los servicios de inteligencia interceptan, por razones económicas, las comunicaciones de los países más ricos, como EE.UU, Rusia, China, Japón, los miembros de la UE y algún otro de economía emergente; y, por razones de seguridad, las de los países que cobijan los movimientos terroristas.

Pero en la moderna navegación no solo hay esos corsarios con patente de Estado, las modernas redes sociales están propiciando la aparición de unos sujetos detestables que se dedican a un tipo especial de piratería consistente en violentar la intimidad de los particulares. En efecto, cuando alguien utiliza las palabras, en forma oral o escrita, para expresar sus ideas y pensamientos y hacer que sean captadas por los demás, se convierte en autor de las mismas. Este sujeto puede querer que no salgan del entorno privado en el que fueron comunicadas, en el que es muy poco probable que desee mantener oculto el hecho de su paternidad. Entre los suyos, no tendrá ningún inconveniente en declararse autor y hacerse responsable de sus manifestaciones. Pero no deja de ser una responsabilidad menor porque lo reducido del entorno hará poco trascendente el juicio o la opinión expresada a los más íntimos.

Las cosas son distintas cuando los pensamientos son comunicados a la generalidad o a un círculo amplio e indeterminado de personas. En este caso, el autor puede identificarse, generalmente con su nombre entero o parcial, u ocultar su identidad ya sea utilizando un seudónimo, ya escondiéndose en el anonimato. Cuando alguien emplea su propio nombre, además de la paternidad, asume las consecuencias del contenido de su pensamiento y del hecho de su difusión, entre las que destaca no traspasar los límites de su libertad de expresión. Y, si navega así por la red, enarbola visiblemente el pabellón de su personalidad. Pero hay otros que irrumpen en la red para acosar verbalmente a los demás sin dar la cara, eludiendo todo tipo de responsabilidad al ampararse en seudónimos difícilmente rastreables. Éstos son auténticos piratas. Es verdad que esta otra piratería presenta innegables diferencias con la de los espías-corsarios: la presa no es la información sino expresarse sin límites, el objetivo no es el poder sino actuar impunemente, y no hay autorización del Estado sino aprovechamiento de los defectos de control que aún presenta la red. Pero si recurro al símil de la piratería es porque hay demasiados navegantes por la red que se deslizan cobardemente, amparándose en su falta de identificación para violentar el honor, la intimidad y la imagen ajenos. Estos piratas, como los de antaño, deben ser perseguidos hasta sacarlos de sus madrigueras porque no ejercitan derecho ni libertad dignos de cualquier protección.

Juicio mediático y jurado

sábado, 19 octubre, 2013
La Voz de Galicia

Al instaurar un Estado Social y democrático de Derecho, nuestra Constitución asigna un papel esencial al pueblo español. Entre otras cosas, lo considera portador de la soberanía nacional, fuente de la que emana la justicia u le concede el derecho a participar directamente en el asunto público de la justicia, y le reconoce el derecho a participar en el asunto público de la justicia a través del jurado. Por otro lado, entre los derechos fundamentales de los ciudadanos, nuestra Carta Magna prevé el comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión para formarse una opinión libre y democrática. El ejercicio por los distintos medios de difusión de su derecho a comunicar libremente información conduce, en ocasiones, a los llamados, sin demasiado rigor, juicios mediáticos. Expresión con la que se quiere significar que un exceso de información mediática sobre un determinado suceso, como un posible asesinato, puede acabar formando en los ciudadanos, antes del enjuiciamiento, una opinión previa desfavorable para los que aparecen como autores del mismo.

Y como el jurado está formado por destinatarios de la información mediática; es decir, españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que saben leer y escribir y que son vecinos de alguno de los municipios en los que se hubiera cometido el delito, hay quienes sostienen que tales ciudadanos, al estar indefectiblemente “contaminados” por ese prejuicio mediático, carecerán de la imparcialidad necesaria para juzgar sobre la culpabilidad del acusado.

Me parece que no es congruente creer en el relevante papel que reconoce la Constitución al pueblo español y a los medios y pensar, al mismo tiempo, que los posibles miembros del jurado en caso de ruido mediático carecerán de imparcialidad. Pero, aunque se admitiera a efectos dialécticos esta contradicción, conviene tener presente: que el tiempo hasta que se celebre el juicio debilitará la hipotética influencia de los medios, que las decisiones de los jurados sobre los puntos sometidos a su consideración deberán ser necesariamente motivadas, que el condenado puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ante el Tribunal Supremo y, en su caso ante el Tribunal Constitucional. Suficientes garantías como para barruntar que los juicios mediáticos impiden hacer justicia.

El Rey, en el ojo del huracán mediático

martes, 1 octubre, 2013
La Voz de Galicia

Aunque científicamente el ojo del huracán es el lugar de este fenómeno atmosférico donde hay más calma, hay un significado gramatical que es «centro de una situación polémica o conflictiva». Por eso, cuando digo que el rey está en el ojo del huracán es porque últimamente está en el centro de la polémica, que adjetivo como mediática porque se está más en los medios de comunicación que entre los ciudadanos.

Desde su impagable actuación con ocasión del intento golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo políticamente correcto era silenciar ciertos aspectos de la vida del monarca y, en lo que hubiera que hablar de él, hacerlo muy favorablemente. Me atrevo a decir que «aduladoramente», y no porque el modo impecable en que desempeñaba la jefatura del Estado no mereciera el elogio, sino porque en muchas ocasiones se bordeaba el servilismo. Y de todos es bien conocido que la adulación debilita, mientras que la crítica constructiva fortalece.

Hoy, algunas de aquellas cañas se han tornado lanzas, y lo que era una catarata de elogios se ha convertido en un echar cada uno su cuarto a espadas sobre la conducta de nuestro soberano, y especialmente sobre si ha llegado el momento de su abdicación a la Corona.

En relación con lo primero, se acaba de dar noticia de la supuesta bronca que con motivo de la Diada del año pasado le echó el rey al presidente de la Diputación de Barcelona al que reprochó manipular a la gente en favor del separatismo. En el minuto de gloria mediática que ha tenido recientemente este político por ese hecho antiguo, declaró que el rey había perdido la oportunidad de ejercer las funciones de árbitro y moderador que le atribuye la Constitución. Olvida este ciudadano que nuestra ley fundamental le encomienda esas funciones en relación con «el funcionamiento regular de las instituciones». Y organizar manifestaciones en favor de la secesión no parece que sea un funcionamiento constitucional y regular de las instituciones.

En cuanto a la abdicación, me parece que nos estamos dejando llevar más por la apariencia física que por la capacidad intelectual. La Constitución contempla el supuesto de que «el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales». Pero hasta ahora nadie ha sostenido que nuestro monarca ha perdido la capacidad para ejercer la jefatura del Estado. Y como nadie puede creer sinceramente que las dificultades físicas del rey lo hayan incapacitado intelectualmente -pensar así sería una afrenta enorme para todos los discapacitados físicos- se opta por sugerirle que sea él quien tome la decisión de abdicar. Salvo honrosas excepciones, estos opinantes me recuerdan a los que tan insistentemente recomendaban a Rajoy hace un año que pidiera el rescate. Y es que «el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos», como dijo fray Antonio de Guevara.

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