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Al instaurar un Estado Social y democrático de Derecho, nuestra Constitución asigna un papel esencial al pueblo español. Entre otras cosas, lo considera portador de la soberanía nacional, fuente de la que emana la justicia u le concede el derecho a participar directamente en el asunto público de la justicia, y le reconoce el derecho a participar en el asunto público de la justicia a través del jurado. Por otro lado, entre los derechos fundamentales de los ciudadanos, nuestra Carta Magna prevé el comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión para formarse una opinión libre y democrática. El ejercicio por los distintos medios de difusión de su derecho a comunicar libremente información conduce, en ocasiones, a los llamados, sin demasiado rigor, juicios mediáticos. Expresión con la que se quiere significar que un exceso de información mediática sobre un determinado suceso, como un posible asesinato, puede acabar formando en los ciudadanos, antes del enjuiciamiento, una opinión previa desfavorable para los que aparecen como autores del mismo.

Y como el jurado está formado por destinatarios de la información mediática; es decir, españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que saben leer y escribir y que son vecinos de alguno de los municipios en los que se hubiera cometido el delito, hay quienes sostienen que tales ciudadanos, al estar indefectiblemente “contaminados” por ese prejuicio mediático, carecerán de la imparcialidad necesaria para juzgar sobre la culpabilidad del acusado.

Me parece que no es congruente creer en el relevante papel que reconoce la Constitución al pueblo español y a los medios y pensar, al mismo tiempo, que los posibles miembros del jurado en caso de ruido mediático carecerán de imparcialidad. Pero, aunque se admitiera a efectos dialécticos esta contradicción, conviene tener presente: que el tiempo hasta que se celebre el juicio debilitará la hipotética influencia de los medios, que las decisiones de los jurados sobre los puntos sometidos a su consideración deberán ser necesariamente motivadas, que el condenado puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ante el Tribunal Supremo y, en su caso ante el Tribunal Constitucional. Suficientes garantías como para barruntar que los juicios mediáticos impiden hacer justicia.

En su reciente viaje a Kazajistán y Japón, Mariano Rajoy, tras reseñar que el señor Mas se estaba equivocando con sus planteamientos secesionistas, lo invitó a que tuviera un acto de grandeza; es decir, a que procediera con excelencia moral y abandonara sus pretensiones separatistas. La respuesta del señor Mas fue inmediata: la verdadera grandeza era que se dejara expresar al pueblo en una consulta.

Tiene sentido pedir a los adversarios políticos que actúen con elevación de espíritu cuando se trata de afrontar problemas de interés nacional, como puede ser la pretensión de amputar una parte del territorio español. Pero habrá quien se pregunte -y seguro que no son pocos- si en el punto en el que están las cosas tiene sentido seguir con la política de las grandes palabras y de los paños calientes. Desde luego, la prudencia de todo buen gobernante -que tiene además la sartén por el mango- aconseja hacer todo lo posible por no romper definitivamente. Pero esta actitud puede ser malinterpretada no solo por los políticos implicados, sino por los ciudadanos en general, que pueden ver un signo de debilidad allí donde parece haber generosidad con los de menos poder político.

En cualquier caso, una vez más, el presidente del Gobierno volvió a fijar de manera nítida la línea que el señor Mas no puede traspasar: la Constitución. Porque mientras no se modifique -si es que alguna vez llega a serlo-, la Constitución compendia las reglas de juego que nos hemos dado los españoles para convivir pacíficamente y en libertad. Y no nos ha ido mal precisamente.

Por eso, discrepo radicalmente de la opinión del presidente de la Generalitat de Cataluña cuando dice que la grandeza es dejar que se exprese el pueblo. Si el pueblo al que se refiere es el español, y lo que pide es que todos nosotros nos expresemos al respecto en el referendo que prevé la Constitución -propuesto por el presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso y convocado por el rey-, no tengo nada que decir. Pero es evidente que en su cabeza no hay más pueblo que el catalán; por eso considerar que la grandeza moral es oír solo a los catalanes e incumplir la Constitución me parece un dislate más de este personaje del que empiezo a pensar, como brillantemente expuso en este periódico Roberto Blanco Valdés, que es un cuentista, un pícaro, un iluminado o un farsante y, desde luego, el mayor irresponsable de nuestro panorama político.

Pudiera parecer que si se recurre al insulto es porque carecemos de razones, ya que, según escribió Quevedo, «el insulto es la razón del que razón no tiene». Pero no es lo que ocurre en este caso. Multitud de comentaristas han expuesto razones irrebatibles que demuestran indubitadamente que una consulta al pueblo catalán sobre su soberanía no tiene cabida en la Constitución. Si me sumo a los calificativos de Blanco Valdés es porque, como ha dicho Napoleón, «hay pícaros suficientemente pícaros para portarse como personas honradas». Y el señor Mas puede ser uno de ellos

En La Voz del pasado 25 de febrero se publicaban unas declaraciones de Cayo Lara, de Izquierda Unida, en las que decía que Iñaki Urdangarin «está haciendo más por la república que lo que hemos hecho muchos a lo largo del tiempo». Y más recientemente una encuesta de Sondaxe revelaba que la mayoría de los gallegos opinan que la conducta de Urdangarin perjudica a la monarquía. Creo que si se analizan más detenidamente las cosas se verá que no hay que hacer responsable indefectiblemente a la monarquía española de lo que haya hecho el señor Urdangarin.

En efecto, la primera inexactitud de la tesis de que la actuación de Urdangarin beneficia a la república es ligar indefectiblemente a este ciudadano con la monarquía. Es verdad que está casado desde el 4 de octubre de 1997 con la infanta Cristina de Borbón y que, por razón del matrimonio, es duque consorte de Palma. Pero con anterioridad a su boda nada ha trascendido públicamente sobre sus preferencias personales entre monarquía o república, ni tampoco sobre las que posee actualmente. Es probable que sea monárquico, pero tampoco sería extraño que fuese republicano: no es infrecuente que los cónyuges mantengan posturas diferentes sobre la forma de Estado. Y por si lo que hace que Urdangarin sea monárquico es su matrimonio, ¿qué sucedería si la pareja llegara a divorciarse? ¿Seguiría siendo monárquico a pesar de no formar parte ya de la familia del rey? ¿O desde ese momento pasaría a ser sin más republicano?

La segunda imprecisión de la tesis que comentamos radica en que imputa los efectos de la conducta supuestamente corrupta de Urdangarin a la familia en la que ha entrado tras el matrimonio con la infanta. No sé cuántos lectores estarían dispuestos a admitir que son personalmente responsables de lo que hagan sus yernos o sus nueras. Creo que no serán muchos los que admitan este contagio de responsabilidad por vía matrimonial de alguno de sus hijos. Por lo tanto, quienes no admitan que son responsables por lo que hagan los cónyuges de sus hijos tampoco deberían compartir la idea de que la posible responsabilidad de Urdangarin hay que extenderla a sus suegros y a la institución que representan.

Pero sobre todo hay una tercera equivocación que merece el mayor reproche dialéctico, y es sugerir la idea de que la corrupción es exclusiva de la monarquía, que no es posible en la república. Si el que exista un miembro en la familia del rey supuestamente corrupto hace algo a favor de la república es porque se parte de la idea de que eso es algo que no puede suceder con el presidente de una república ni con nadie de su familia. Y esto está tan alejado de la realidad que supone una ligereza sostener que Urdangarin ha hecho mucho por la república. No hace falta mucha memoria para recordar episodios de corrupción de antiguos presidentes de repúblicas europeas o de sus familiares. Los antecedentes nazis de Waldheim, la condena del hijo de Mitterrand por tráfico de armas, la condena de Chirac por desvío de fondos públicos, o la reciente dimisión del presidente alemán Wulff, ¿han hecho algo a favor de la monarquía? Me temo que nada, porque la corrupción está en las personas y no en la forma de Estado.