Secesionismo y falta de solidaridad
La estrategia política que vienen practicando deslealmente los políticos catalanes secesionistas ha conseguido ofuscar la razón al secretario general del Partido Socialista y al ministro de Asuntos Exteriores. Ante la cadena humana que se formó el pasado día 11, Pérez Rubalcaba declaró que no debe minimizarse su significado y propuso una reforma de la Constitución que logre salvar la convivencia. Y García-Margallo, tras reconocer el éxito organizativo y de convocatoria de los catalanes encadenados, manifestó que hay que escuchar sus peticiones.
Tanto uno como el otro parecen haber olvidado que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Mientras no se reforme la Constitución no hay, por tanto, una soberanía catalana, ni vasca, ni gallega, ni andaluza. Para tomar en cuenta cualquier iniciativa secesionista, el parámetro es el pueblo español en su conjunto: la calle de toda España y no la de una parte de la misma. Según la Constitución, que es la misma ley que permite a Artur Mas adoptar sus iniciativas secesionistas, si llega el momento de escuchar el deseo de una comunidad autónoma de separarse de España, a quien hay que oír es a todos los españoles y no solamente a los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
Y tampoco me parecen acertadas sus propuestas. Pérez Rubalcaba propone una reforma limitada de la Constitución, y García-Margallo parece inclinarse por modificar competencias para que Cataluña reciba todavía más de lo que se le ha venido dando desde el comienzo de la democracia. Los dos se han amedrentado ante la política de hechos consumados de los secesionistas.
No sé qué hará el Gobierno ni cómo se va a resolver este inquietante problema, azuzado y agrandado interesadamente por una parte de la clase política catalana. Pero creo que los que propugnan en Cataluña esta causa política cuyo trasfondo es puramente económico no son un ejemplo de solidaridad ni de generosidad con el resto de España. Antes al contrario, sin que exista causa alguna que lo justifique vienen reclamando para sí un reparto de la riqueza nacional todavía más favorable en claro perjuicio de otras partes de España más pobres.
Lo que no acabo de comprender es el distinto rasero con que medimos las posturas egoístas de los que más tienen, según se trate de personas individuales o entidades territoriales. En lo personal, todos convenimos en la necesidad de una política de redistribución de la riqueza de tal modo que paguen más los que más tienen. Por eso, nadie defiende a un rico matón que amenace a los demás para conseguir un trato todavía más favorable. En cambio, no se considera indecente que una de las comunidades autónomas más ricas reclame cada vez más recursos en perjuicio de las que menos tienen. Lo llevan haciendo desde que entró en vigor la Constitución y aquí hay gente que todavía considera que esos nacionalistas egoístas e insolidarios son progresistas.
