¿Reformar la Constitución?
En los últimos tiempos, la prensa se está haciendo eco de una polémica suscitada por la clase política sobre si es necesario o no reformar la Constitución. Las propuestas de reforma tienen distinto alcance y van desde la que propugna una modificación del Senado hasta la que pretende aumentar la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, pasando por una instauración del principio de igualdad entre el varón y la mujer en el orden de sucesión en el trono. La cuestión es que, si se abre el proceso de reforma, aunque sea para un tema concreto y limitado, será muy difícil que se puedan excluir los demás.
El apartado 2 del artículo 1 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. De ello se desprende que el poder tiene origen democrático y que descansa en todo el pueblo español y no en los ciudadanos de tal o cual comunidad autónoma. Por su parte, el artículo 6 dispone que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y que son un instrumento fundamental para la participación política. Lo cual quiere decir, en leguaje más comprensible, que los políticos son nuestros representantes y que los partidos tienen como funciones contribuir a la formación de la voluntad popular y concurrir a la manifestación de esa voluntad.
Los partidos políticos contribuyen a la formación de la voluntad popular, básicamente, mediante la formulación de sus programas electorales, que contienen propuestas de solución sobre los temas que más preocupan a los ciudadanos. En el orden temporal en que suceden las cosas, primero surgen las necesidades (el pueblo se va manifestando sobre lo que más le preocupa) y después los partidos políticos proponen sus soluciones. Por el contrario, la actividad de contribuir a la manifestación de la voluntad popular hace posible que se conozca lo que elige el pueblo respecto de las distintas propuestas presentadas por los partidos.
Los temas que más preocupan a los españoles se conocen gracias a las encuestas demoscópicas. En ellas, las cuestiones que suelen ocupar el primer plano son el paro, el terrorismo, la inseguridad ciudadana, la carestía de la vida y de la vivienda, la mejora en las prestaciones sanitarias, etcétera. En el catálogo de tales preocupaciones no figura, en cambio, la reforma de la Constitución. El pueblo español no percibe la reforma de la Constitución como un medio que permitirá resolver mejor sus problemas. Si a esto se añade que el pueblo español, en su conjunto, vota de manera abrumadoramente mayoritaria a partidos que hasta ahora no han propuesto en sus programas la reforma de la Constitución, parece claro que los ciudadanos españoles, a día de hoy y transcurridos 25 años de vigencia, no consideran urgente modificar nuestra Ley Fundamental.
Así las cosas, da la impresión de que, en esta polémica, algunos partidos políticos están ejercitando más la actividad de formar, de adiestrar, de llegar a configurar una voluntad popular reformadora de la Constitución, aún inexistente, que la actividad de hacer que se manifieste la voluntad popular que realmente existe hoy sobre esta materia. Y si esto es así, habría que convenir que nuestros representantes están anteponiendo sus propios intereses particulares (obtención de mayores cuotas de poder político) a los verdaderos intereses generales de los ciudadanos que representan.
