Realidad, apariencia y ojos de malicia
Escribió Gracián que muchas veces las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen, sobre todo si se miran con ojos de malicia. Lo que son las cosas, lo que ocurre verdaderamente, es lo que llamamos realidad. Lo que las cosas parecen y no son es lo que denominamos apariencia. Ver las cosas con ojos de malicia es interpretar lo que son las cosas de manera siniestra y maliciosa.
En la decisión del Gobierno de recusar, por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional, a dos magistrados para que no pueden decidir sobre la prórroga de los cargos de presidente y vicepresidente de dicho tribunal, hay una realidad, una apariencia y unos ojos llenos de malicia.
La realidad es que el Tribunal Constitucional está compuesto por doce magistrados nombrados, antes que nada, por ser juristas altamente cualificados y con un indiscutible prestigio profesional. Y también es realidad que lo han sido para que decidan las cuestiones que se sometan a su conocimiento con total independencia; esto es, con plena libertad y sin ser tributarios de ningún otro poder, incluido el partido político que los haya propuesto.
Lo aparente es que los doce magistrados están divididos en dos grupos, compuesto cada uno de ellos por seis magistrados, uno formado por progresistas y el otro por conservadores. Lo sorprendente es que esta supuesta división de los magistrados en esos dos grupos cerrados e invariables parece haber sido aceptada en la opinión pública como una realidad indiscutible. Lo cual es explicable, entre otras razones, por la irrefrenable tendencia a simplificar los mensajes que caracteriza a nuestros medios de comunicación.
Me siento en la obligación de hacer pública la realidad que conozco de algunos de esos magistrados. De los cuatro implicados, tengo un trato relativamente intenso con tres de ellos. La presidenta del tribunal, doña María Emilia Casas; el vicepresidente, don Guillermo Giménez, y el vocal, don Jorge Rodríguez-Zapata. De los tres tengo un inmejorable concepto, tanto personal como profesional y estoy seguro de que, cuando tienen que decidir en derecho, actúan más movidos por su sentido personal de lo que es justo que por cualquier otra consideración, incluida su propia ideología política.
Por eso, me parece que en este asunto la apariencia se está sobreponiendo a la realidad y que la reciente decisión del Gobierno de recusar a dos magistrados supone contemplar la independencia de nuestro más alto tribunal con ojos de malicia. Lo malo de todo ello es que, si el Gobierno mira con esos ojos, puede llegar a suceder que la opinión pública acabe por desconfiar de un órgano que es nada más y nada menos que el intérprete supremo de nuestra Constitución.
