Propaganda electoral y publicidad comercial
Si en los primeros años de nuestra actual democracia nos hubieran preguntado a qué dábamos mayor credibilidad: a la propaganda electoral o a la publicidad comercial, es muy probable que la gran mayoría habría respondido que a la primera. La razón de tal preferencia era el sublime valor que se daba entonces a la acción política democrática en tanto que portadora de los intereses de la generalidad. Y en cierto modo también a la escasa credibilidad de la publicidad comercial (“charlatán” significa todavía la persona que se dedica a la venta ambulante y anuncia a voces su mercancía). Hoy tengo serias dudas de que la respuesta fuera la misma. Y no tanto –que sí- por lo mucho que ha mejorado la regulación de la publicidad comercial, sino por el imparable deterioro que viene sufriendo en los últimos tiempos la propaganda política.
Aunque es verdad que en la publicidad comercial suele predominar el aspecto persuasivo sobre el puramente informativo, también lo es que se trata de una actividad rígidamente regulada. Así se prohíbe, por ejemplo, la publicidad engañosa que es aquella que por acción u omisión puede inducir a error al consumidor y hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Y tampoco es lícita la publicidad denigratoria que es aquella que provoca el descrédito, denigración o menosprecio de una persona o empresa o de sus productos o servicios.
Pues bien, sorprendentemente la propaganda política puede ser engañosa y denigratoria. Y es que en lugar de seguir un camino progresivo de rigor y seriedad, la propaganda electoral se ha convertido en un fiel reflejo de la mediocridad, vulgaridad y ausencia de ideales en que se desenvuelve la clase política de nuestros días. Lo cual puede obedecer a varias razones, pero entre ellas está la excesiva profesionalización de la actividad política.
Hasta tal punto es esto cierto que se puede afirmar que solamente los más crédulos y los menos formados de los ciudadanos pueden asegurar que hoy los partidos políticos –unos ciertamente más que otros- se mueven más en defensa del interés general que en el de sus intereses electorales. Por esto, entre los ciudadanos normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces son muy pocos los que creen que la propaganda electoral es veraz en el sentido de que no contiene información errónea para los votantes. Porque no son pocas las promesas que se hacen a sabiendas de que no se pueden cumplir, y las propuestas demagógicas que se sabe que no benefician el interés general.
Pero lo que no puede admitirse desde la perspectiva del interés general es que se utilice la propaganda electoral -financiada en parte con cargo a los presupuestos generales que pagamos entre todos-, no para hacer las propias propuestas, sino para tratar de atemorizar (¿infantilmente?) a los ciudadanos con lo que se supone que piensan los adversarios políticos. El vídeo al que me refiero no es una pieza propagandística que favorezca la contienda política, sino que es democráticamente obstruccionista, y supone una falta de respeto a los ciudadanos y a su nivel de inteligencia.
