Patente de corso política
Como es sabido, en su significado originario, la “patente de corso” era una cédula otorgada por el gobierno de una nación que autorizaba a sus buques mercantes para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. Con el tiempo, esta expresión ha adquirido otra acepción consistente en “autorización que se tiene o se supone para realizar actos prohibidos a los demás”.
Pues bien, no hace falta ser demasiado observador para percibir que algunos políticos son sujetos privilegiados que se sienten autorizados para decir o hacer cosas que nos están prohibidas a los demás. Sin ir más lejos, el pasado viernes José Montilla, Presidente de la Generalidad de Cataluña, aseguró en TV3, que “los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, elegidos a propuesta del Partido Popular, son más obedientes a la formación que los propuso que los del denominado sector progresista al Partido Socialista”. Al expresarse de este modo, Montilla, al tiempo que niega a casi todos los magistrados del TC su condición de independientes (el díscolo sería Manuel Aragón, que no habría obedecido al PSOE), viene a exigirles que actúen con una especie de mandato imperativo: han de hacer necesariamente lo que les dicten los que los han propuesto.
Con declaraciones como éstas, Montilla ataca dos de los derechos que, según el artículo 10 de nuestra Constitución, “son fundamento del orden político y de la paz social”, a saber: la dignidad de la persona y el respeto la ley.
En palabras del propio TC, la dignidad a la que se alude en el citado precepto constitucional es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida, y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. Pues bien, calificar a los magistrados del TC como “jueces obedientes” que siguen los mandatos de los que proponen, además de un desvarío impropio de un presidente de una autonomía, es, como poco, una falta de respeto intolerable a la persona del magistrado y al cargo institucional que ocupa. Y mucho más aún, si se tienen en cuenta las oscuras motivaciones que parecen esconderse detrás de tales declaraciones.
Pero suponen algo más: una falta de respeto a la ley, y sobre todo a la Constitución, que es la norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico. En efecto, teniendo en cuenta cómo se han desarrollado temporalmente las cosas, no puede olvidarse que la primera en el tiempo es la Constitución, que es la que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. De aquí se desprende que son los Estatutos los que deben ajustarse a la Constitución y no al revés. Cosa que parece haberse olvidado en el nuevo Estatuto de Cataluña. Por eso, tachar a los miembros del TC de “más o menos obedientes” porque consideren, según su leal saber y entender, que no se ajusta enteramente a la Constitución, es una falta de respeto a nuestra Ley Fundamental que es el que vertebra nuestro Estado de Derecho.
