Parlamentarios desobedientes
Como es sabido, la decisión de incluir a cada candidato en la lista electoral es responsabilidad exclusiva del partido político que la confecciona. Pero, como ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1983, después de expresada la voluntad popular en las elecciones, la permanencia del elegido en el cargo no depende del partido que lo ha incluido en la lista, sino de los electores, que son los únicos portadores de tal voluntad.
Desde dicha sentencia, los partidos tienen que proceder, pues, con el máximo rigor para confeccionar sus listas, eligiendo a los candidatos en función de su inteligencia, su capacidad de trabajo, su carácter, su ética, sus intereses y, en general, de todo aquello que pueda influir en sus decisiones. Porque un desacierto en este punto -que, insisto, sería imputable en exclusiva al propio partido- podría desembocar en situaciones gravemente perjudiciales para la correspondiente formación política.
Algo de esto es lo que ha ocurrido en la sorpresiva ausencia de dos parlamentarios del PSOE en la sesión constitutiva de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Para explicar lo sucedido, se han formulado ciertas hipótesis -la mayor parte de ellas por destacados militantes del PSOE- que son juicios de «creencia» o «juicios de experiencia». En efecto, hay muchos que, sin prueba alguna, dan como cierto lo que ellos creen que ha sucedido: un caso de soborno. Otros, también sin pruebas, expresan un juicio basado en la experiencia: si normalmente el último responsable de una conducta es el que se beneficia de ella, detrás de esos parlamentarios tiene que estar el PP. Pero, estos juicios, además de apresurados, son fruto más de la lucha política que de la razón. Porque la razón no conduce a dar, sin más, como «verdadera» una de las causas por el solo hecho de que sea posible, sino a demostrar, antes que nada, qué es lo que ha ocurrido realmente. Hasta ahora se ha caminado poco en esta dirección. El único paso que se va a dar en esta línea es la querella que está preparando el PSOE contra los parlamentarios desobedientes por un supuesto delito de cohecho. Para lo cual, el partido está recopilando todo tipo de información sobre la trayectoria y las relaciones de estos parlamentarios con el mundo inmobiliario.
Ahora bien, de ser esas supuestas relaciones con el mundo inmobiliario la verdadera causa de lo ocurrido -cosa que está por demostrar-, es evidente que tales relaciones no se pudieron iniciar el día de la sesión parlamentaria, sino que tenían que ser, por fuerza, anteriores. Por tanto, lo decisivo es si las conocía o no el partido. Si no las conocía, la negligencia de los responsables del partido es indisculpable. Y si las conocía, ¿por qué los incluyó en la lista?, ¿no habría sido más correcto excluir de las listas a quienes estaban en situación de ser corrompidos? Pero, ¿qué habría sucedido si los parlamentarios no tuvieran que desobedecer al partido porque el objetivo del supuesto soborno fuese otro, menos ambicioso desde el punto de vista político, como por ejemplo, una recalificación inmobiliaria ilícita? ¿Habría tenido el partido una reacción tan virulenta? Si no hubiera sucedido lo de la Comunidad de Madrid ¿nos habríamos enterado de que ciertos parlamentarios tenían amistades supuestamente peligrosas? Y si existen estas relaciones ¿son estos dos los únicos o hay algún otro, hasta ahora obediente, que mantiene relaciones semejantes? Alguien debería respondernos.
