¿Nuevo impuesto a los ricos o a los políticos?
E l tema de los impuestos es uno de los que más se presta a la demagogia, que significa -recuérdese- «halago de la plebe para hacerla instrumento de la propia ambición política». En estos días, la crisis económica y la proximidad de nuestras elecciones generales han puesto de actualidad la cuestión de si conviene imponer a los ricos una nueva contribución a las arcas generales.
No es fácil formarse una opinión razonada sobre si debe gravarse a los ricos con una nueva aportación a los ingresos del Estado. Si se parte de que se necesitan más recursos y de que han de proceder de nuevos impuestos, lo lógico es, a primera vista, que se recauden de los que más tienen y no de la sufrida masa de los asalariados, por muy controlados que se tengan sus ingresos. Sin embargo, antes de decidir si conviene imponer a alguien un nuevo esfuerzo tributario, deberíamos preguntarnos si los políticos han administrado bien nuestros impuestos. Entre otras razones, porque, si hubiesen malgastado los fondos públicos, antes que exigir nuevos impuestos habría que asegurarse de que los políticos no pudieran volver a despilfarrarlos.
A los ricos podrán echárseles todas las culpas del mundo -y más si con ello «se halaga a la plebe»-, pero por mucha inquina que se les tenga no parece que hayan tenido responsabilidad directa en la generación de la crisis. No solo eso: como tal colectivo desorganizado ajeno a las tareas de gobierno, no ha tenido en sus manos la posibilidad de tomar medidas generales para paliarla.
Las cosas son, en cambio, distintas si volvemos la mirada hacia los políticos. Aunque en el origen de la crisis hayan influido numerosos factores internos e internacionales, ¿ha habido una administración diligente y ordenada de los recursos recaudados a los ciudadanos? La respuesta es negativa. No parece administrar acertadamente -y voy a poner solo algunos ejemplos- descentralizar la Administración pública duplicando y hasta triplicando las instituciones, hacer aeropuertos que no tienen vuelos, multiplicar los canales autonómicos de televisión, tener un parque móvil con tantos vehículos como cargos públicos significativos, abrir embajadas de autonomías en el extranjero, rodearse de un sinfín de asesores prescindiendo de nuestra preparada clase funcionarial, etcétera.
Como ha habido despilfarros y los políticos son los responsables, ¿no sería más justo hacerles pagar a ellos el nuevo impuesto? Ello supondría hacer recaer las consecuencias de una mala administración en los administradores antes que en los administrados. Habrá quien diga que no todos los políticos son iguales y que hay algunos que han administrado acertadamente sus recursos. Es cierto. Pero si nos situamos en el campo de la culpabilidad, lo mismo sucede con los ricos que tampoco lo son. La injusticia está en escoger un colectivo y hacerle pagar una parte de las consecuencias de la crisis. Pero si hubiera que hacerlo, la pregunta sería: ¿elegimos a los ricos solo por ser los que más tienen o a los políticos por ser los que despilfarran?
