Magistrados progresistas y conservadores
A mediados de mes los magistrados del Tribunal Constitucional han elegido presidente a Pascual Sala. Al difundir la noticia, algunos periódicos destacaban del nuevo presidente, por encima de cualquier otro dato, su condición de «progresista». La división entre magistrados progresistas y conservadores, que se ha extendido a los juristas en general, es un lenguaje periodístico que a fuerza de ser repetido acabará siendo aceptado, a lo cual me resisto. Y más aún, cuando se intenta relacionar de manera subliminal cada una de estas dos etiquetas con la cualificación profesional: juez progresista equivaldría a buen juez, y juez conservador vendría a ser sinónimo de mal o peor juez.
Es evidente que cuando se atribuye a un juez la condición de progresista o la de conservador lo que se está es aludiendo a su ideología personal, al grupo político al que debe su puesto, o a ambas cosas a la vez, porque suelen ir unidas. Pero con ser estos datos relevantes desde el punto de vista personal, deberían carecer por completo de relevancia a la hora de ejercer su noble y elevada función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
Los jueces tienen que aplicar la ley de acuerdo con lo que ha resultado probado y dejando por completo al margen la más mínima brizna de arbitrariedad. Por eso, aunque la ideología personal pueda influir en su modo de ver la vida y, por ende, en su manera de entender la justicia, en ningún momento lo debe apartar de lo que es la estricta aplicación de la ley. Esta es una garantía que consagra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva: los ciudadanos tenemos derecho a una sentencia fundada en derecho, suficientemente razonada y motivada, desprovista por completo de arbitrariedad y que no genere indefensión.
A pesar de lo que antecede, viene siendo tan intensa la influencia de la política en la justicia desde el comienzo mismo de nuestra reciente democracia, que lo que más parece interesar de un juez a los informadores es si es progresista o conservador, que no son calificativos profesionales, sino políticos. Lo cual, bien mirado, acaba por deformar grotescamente la figura del juzgador: no importa si tiene una gran formación jurídica, si su nivel ético es excelso, si no es influenciable por circunstancias ajenas al caso, si atina cada vez que sentencia porque aplica impecablemente la ley, lo relevante es su pensamiento político.
Llevo en el mundo del Derecho desde hace muchos años y aunque me niego a aceptar, en un exceso de inocencia, la indeseada influencia de la política en la justicia, hay hechos que inducen a pensar que asuntos puramente judiciales se resuelven en función de razones políticas. Así, de los dos candidatos a la presidencia del Tribunal Constitucional, el que no fue elegido, Manuel Aragón, perteneciente también al sedicente bloque progresista, antepuso en la votación de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña lo que le decía su saber jurídico a lo que convenía al poder político. Lo cual envía el inaceptable mensaje de que lo mejor es ser sumiso.
