Lo primero, administrar mejor

La voz de Galicia

Hay un precepto en nuestra Constitución que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y hay otro que dispone que todos estamos obligados al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Aunque la riqueza del país es de los que residimos en España, tenemos que destinar una parte de nuestros recursos al sostenimiento de los gastos del Estado. El sistema democrático determina también que corresponde a los políticos administrar los recursos aportados de acuerdo con criterios de eficiencia (utilizar lo mejor posible los recursos disponibles) y economía (con el mayor ahorro).

En nuestros días se ha hecho evidente que hubo políticos que administraron muy mal nuestros recursos: gastaron más de lo que podían. El resultado es que el Estado español tiene un déficit público difícilmente soportable: el gasto público desde el 2008 hasta el 2011 ha sido notablemente superior a los ingresos del Estado. Lo cual significa que mientras los ciudadanos cumplieron con su obligación de contribuir a los gastos del Estado, algunos de sus políticos actuaron con notable desacierto: administraron muy deficientemente lo que pusimos en sus manos.

A la hora de tratar de resolver esta compleja situación económica la solución que propugnan algunos políticos es que los ciudadanos aumentemos los recursos que aportamos al Estado. Es decir, en lugar de administrar nuestros bienes, como dice la Constitución, con «eficiencia y economía», nos piden más. Con lo cual, lejos de corregir la ineficiencia -que sería darles menos recursos y exigirles que los administren mejor-, intentan disponer de nuevos bienes adicionales para seguir despilfarrándolos. Y, por supuesto, todo a costa de los paganos, que son los ciudadanos.

Hasta ahora se han propuesto diversas medidas para aumentar la eficiencia del gasto público. Yo me atrevo a proponer otra que podría producir buenos resultados. Los que conocen el funcionamiento de las Administraciones públicas saben que en los presupuestos anuales rige el principio de continuidad, según el cual cada ejercicio presupuestario debe apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de ejercicios futuros. Y saben también que hay partidas innecesarias que se vienen manteniendo año a año desde antiguo, simplemente para que el organismo en cuestión conserve sus recursos, aunque luego los malgaste. Pues bien, en los presupuestos del 2014 habría que prescindir del principio de continuidad, hacer con rigor un nuevo examen de las necesidades reales de cada departamento, y reasignar de manera eficiente los recursos de los ciudadanos. Estoy convencido de que con ello se mejoraría la eficiencia y la economía del gasto público y sería menos necesario pedir a los ciudadanos más recursos que suponen ya esfuerzos difícilmente soportables

 

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