Líderes sindicales y parados
Los sindicatos desempeñan un papel esencial en nuestro Estado democrático, ya que, según el Título Preliminar de la Constitución, «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Hasta tal punto son importantes que sindicarse libremente es un derecho fundamental de todos los asalariados que gozan, además, de la libertad de afiliarse al de su elección.
Todo aquel que respete la Constitución no puede, pues, poner en duda la necesidad institucional de los sindicatos, ni menospreciar el importante papel económico y social que desempeñan, ni, finalmente, dar menos importancia al derecho a sindicarse que a los demás derechos fundamentales y libertades públicas que reconoce nuestra Norma Fundamental.
Pero una cosa es el sindicato como institución y otro muy distinta el modo en que actúan sus máximos representantes. Está bastante extendida la opinión de que los actuales líderes sindicales vienen defendiendo desde hace tiempo sus privilegios personales e institucionales por encima de los intereses de los que trabajadores a las que representan. Habrá quien considere que cualquier reproche a los representantes sindicales supone una crítica a los sindicatos mismos que debe ser rechazada sin más porque proviene indefectiblemente de los aledaños de sus supuestos adversarios que son los empresarios y los políticos de la derecha. El que así piense -y lo digo con el máximo respeto- creo que se equivoca. El solo hecho de que se esté poniendo en duda si está siendo acertada o no la actuación de los líderes sindicales debería llevarles a reflexionar sobre si están cumpliendo la misión que les asigna la Constitución, que es, según he dicho antes, contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
Y es que las cosas han cambiado tanto desde la aprobación de la Constitución que hay que empezar por replantear cuál es el ámbito de la representación de los sindicatos Es verdad que nuestra Carta Magna habla específicamente de sindicatos de «trabajadores» y que trabajador es, en principio, quien tiene ocupación remunerada por su empleador. Pero también lo es que hoy en España hay más de cinco millones de personas que han perdido su empleo o que lo están buscando sin haberlo tenido nunca, cuyos intereses no pueden quedar desprotegidos. Los líderes sindicales deben, por tanto, defender los intereses de todos lo que han de vivir trabajando por cuenta ajena, aunque aún no tengan empleo, y no solo de los que ya lo tienen. Deberían, pues, meditar muy seriamente si por el solo hecho de perder cuotas de poder deben oponerse frontalmente a una reforma laboral que pretende, en primer lugar, que se destruya el menor empleo posible y, después, que se creen nuevos puestos de trabajo. La estrategia sindical anunciada es tratar de paralizar en la calle la reforma laboral en curso. Si lo lograran -cosa improbable pero posible- los grandes perjudicados serían los cinco millones parados, por lo que me pregunto si no deberían éstos adelantarse y salir ya a la calle para que los sindicatos no frustren sus exiguas y hasta ahora ignoradas esperanzas de encontrar trabajo.
Jose Manuel Otero Lastres