Libertad de expresión y lo políticamente correcto

La Voz de Galicia
Domingo, 27 de junio de 2010

Para los que hemos vivido una parte de nuestra existencia antes de que rigiera la vigente Constitución, la libertad de expresión fue una sentida aspiración por cuya conquista lucharon muchos, viéndose sometidos injustamente algunos de ellos a no pocos padecimientos, como el de la cárcel. En la España democrática, la libertad de expresión es un derecho fundamental que ha sido configurado por nuestro Tribunal Constitucional como un derecho cuyo ejercicio garantiza un interés constitucional relevante: la formación y existencia de una opinión pública libre, condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento democrático.

El contenido esencial de este derecho es poder expresar libremente el propio pensamiento, incluida la crítica de la conducta ajena, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige. Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. Pero, aun cuando la crítica permisible tiene límites muy amplios, la libertad de expresión no ampara un derecho al insulto. Lo cual significa que caen fuera de esta libertad constitucional las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, “en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o ultrajantes y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate”.

Pues bien, en los últimos tiempos parece que se va abriendo camino, imperceptible pero imparablemente, un nuevo límite a la libertad de expresión, que es el de “lo políticamente correcto”. Un ejemplo permite aclarar lo que se acaba de decir. Recientemente la Generalitat Catalana ha abierto un expediente a la Policlínica Tibidabo porque, al parecer, ofrecía a sus pacientes homosexuales pastillas y tratamientos psiquiátricos para que dejaran de serlo. Al comentar en su blog esta medida, el político catalán Durán i Lleida manifestó textualmente: “Estoy en contra de represaliar la asistencia médica a las personas que intentan modificar su homosexualidad o controlarla”, dejando bien claro, asimismo, que “nunca” dijo que ser gay sea una enfermedad.

La opinión de Durán i Lleida ha provocado una airada reacción de las asociaciones de homosexuales que le han exigido una rectificación. En concreto, el Front d’ Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), le ha requerido que se disculpe públicamente “por sus declaraciones a favor de las terapias que curan la homosexualidad”.

Con independencia de lo que se piense sobre la cuestión –en mi opinión es claro que la homosexualidad no es una enfermedad- lo que ha dicho, Duran i Lleida, no es que está a favor de lo que hacen clínicas como la expedientada, sino –lo que es bien distinto- que no deben ser sancionadas. ¿Es una opinión vejatoria, ofensiva o ultrajante por lo que deba disculparse públicamente? ¿No se está volviendo a instaurar la desparecida y denostable “censura”?

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