La voluntad popular y la voluntad callejera
El preámbulo de nuestra Constitución proclama la voluntad de la nación española de «consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular». Pues bien, junto a esta, ha irrumpido recientemente otra, la voluntad callejera, que está socavando el imperio de la ley. La callejera, aunque procede de una parte ínfima del pueblo, no es la voluntad popular porque carece de la legitimidad democrática de origen: no es la que se contiene en la ley y se configura en un ámbito completamente ajeno al control democrático. En efecto, es una voluntad de origen oscuro, provocadora, aparentemente espontánea pero con unos objetivos minuciosamente planificados, y se expresa a través de la confrontación violenta en la calle. Hay ciertos factores que han aumentado su belicosidad.
Así, estamos inmersos en una crisis económica con unos efectos devastadores, entre los que destaca la mareante cifra de parados. Existe asimismo una profunda crisis institucional agravada porque las autonomías más reivindicativas están haciendo gala de una desobediencia constitucional que suscita serias dudas sobre la vigencia del principio constitucional de que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
Crecimiento elefantiásico
Por otra parte, la generalidad de los ciudadanos ve con asombro el crecimiento elefantiásico de la estructura, muchas veces repetitiva, de las tres Administraciones públicas, la central, la autonómica y la municipal, sin que ello haya conllevado una mejora en la eficiencia de los servicios públicos. Lo cual hace pensar que los políticos no han soportado la crisis como otros sectores de la población, con el agravante de que ellos son los que han administrado lo del pueblo y este el que ha sufrido las consecuencias.
Finalmente, han fallado estrepitosamente los mecanismos de control de la economía, dando lugar a una galopante corrupción entre parte la clase política y de los dirigentes de algunas instituciones financieras. Y todo con una inaceptable sensación de impunidad: apenas se exigen responsabilidades, y cuando hay un condenado jamás devuelve lo que se ha llevado.
No es extraño que todo este descontento haya sido aprovechado por la izquierda más radical y los movimientos antisistema. Lo han encauzado y se han puesto al frente convirtiéndose en los agitadores de la voluntad callejera, a la que inducen a llevar a cabo actuaciones antidemocráticas como tratar de sitiar el Congreso, oponerse a todo tipo de desahucios, presionar a las autoridades y diputados en sus domicilios, etcétera. Actúan ferozmente porque tienen sensación de impunidad y al no aplicárseles la ley, su voluntad callejera se acaba imponiendo a la voluntad popular expresada en aquella.
Esta preocupante situación va debilitando la auctoritas de quienes tienen el monopolio legal del ejercicio del poder ganado en las urnas. No se trata de exigirles dureza, sino la firmeza que proporciona el respaldo del voto mayoritario del pueblo español. El pueblo del que emana la justicia aspira a que la legítima voluntad popular se imponga a la sospechosa voluntad callejera.
