La reforma de la universidad
Aunque venía de atrás, desde finales de la década de los sesenta, se intensificó en la Universidad española la lucha contra la dictadura, en la que participaron una buena parte de profesores y estudiantes. Este acontecimiento coincidió en el tiempo con la explosión demográfica, con la formación de una importante clase media, con la elevación del nivel de vida, y con la consiguiente masificación de la Universidad. Como consecuencia de todo ello, hubo mucha improvisación en la respuesta que dio entonces la Universidad al fenómeno de la masificación. Y quienes sufrieron, en mayor medida, esta inadecuada respuesta fueron los alumnos y la multitud de profesores con escasa formación que hubo que emplear al tal efecto.
Con la llegada de la democracia, parecía que, por fin, iba a haber un debate en profundidad sobre el modelo de Universidad que demandaba la nueva situación. Así lo hacía pensar el hecho de que una buena parte de los políticos de entonces procediera de las aulas universitarias. Pero no hubo tal debate. Los políticos, que tanto se habían aprovechado de la universidad, se volvieron a olvidar de ella. Y como toda “recompensa” por su importante contribución al advenimiento de la democracia, la Universidad recibió una Ley impuesta, la LRU, que dejaba en manos de la propia Universidad de la época los mecanismos adecuados para diseñar su futuro.
Y claro, como la Universidad la forman las personas y no los edificios, y de las personas el mayor peso estaba en aquel momento en manos de los profesores que se habían improvisado para atender el fenómeno de la masificación, éstos utilizaron la Ley básicamente para resolver sus problemas. En efecto, la gran mayoría de ellos carecía de una adecuada formación porque, en lugar de haber podido investigar, tuvieron que impartir las numerosas clases que exigía la creciente y desmesurada avalancha de alumnos que acudía cada año a las aulas. Por haber cumplido tan importante labor social, tales profesores demandaron un puesto fijo en la universidad. Una buena parte de ellos lo obtuvieron, mediante su conversión, sin prueba alguna, en aquello contra lo que habían luchado años atrás: “profesores-funcionarios”. El resto fue obteniendo su plaza de profesor titular, tras superar unas pruebas no demasiado difíciles previstas en la LRU.
Pero había que conseguir algo más: que estos profesores pudieran continuar la carrera universitaria hasta alcanzar una cátedra, a poder ser en la universidad en la que ya estaban. La LRU también permitió satisfacer esta necesidad, adoptando las siguientes medidas. En primer lugar, se eliminó el carácter nacional de las oposiciones a cátedra, con lo cual se consiguió que se animaran a participar los candidatos que se “autodescartaban” cuando tenían que concurrir con los aspirantes de todas las universidades a una prueba de ese ámbito geográfico. En segundo lugar, se modificaron profundamente las pruebas, rebajando el número de ejercicios de seis a dos, así como la dificultad de éstos. En tercer lugar, se dio a cada universidad la posibilidad de influir en los Tribunales que habían de juzgar las oposiciones, nombrando a dos de los cinco miembros que los componen. Finalmente, y con el objeto de asegurar que cada candidato permaneciese en su propia universidad, la convocante de la plaza designaba como miembros del Tribunal a dos catedráticos que fuesen afines al candidato local. Todo ello, desembocó, como era fácil de prever, en lo que se conoce como “endogamia”, que significa que en cada universidad llegan a ser catedráticos generalmente los candidatos de dicha universidad, que suelen ser, a su vez, discípulos de quienes controlan sus cátedras.
Resuelto el problema de estos profesores, y estando los estudiantes más interesados en responder de la mejor manera posible a la feroz competitividad, generada por el paro y por el considerable aumento de la oferta de profesionales consecuencia de la masificación, la Universidad se pacificó, o por mejor decir, entró en un letargo del que parece haber despertado recientemente. Pero, por desgracia, no porque los estudiantes se rebelen ante la burocratizada y mediocre universidad que les está tocando vivir. Sino porque se avecina una “reforma” en la que se anuncia, entre otras cosas, una elevación del nivel de exigencia para todos. Pero claro, los tiempos no están para exigir más, sino para rebajar aun más los niveles, ya de por sí bajos, para que todos podamos llegar a ser todo, aunque el todo que acabemos por conseguir no sea prácticamente nada.
Contra la nueva Ley parece estar una minoría. Pero es la que habla. La mayoría sigue siendo, en esta cuestión, como en otras muchas, silenciosa. Lo malo es que el silencio puede llegar a convertirse en una omisión del deber de exigir una universidad acorde con los tiempos difíciles hacia los que nos encaminamos.
