La precisa delimitación del caso Nupel
Aunque en la contienda política no se exigen la misma precisión y rigor que en el ámbito jurídico, cuando se entrecruzan ambos escenarios acaba por desdibujarse cuál es el verdadero objeto del debate. En los últimos días, en el caso Nupel se dieron dos pasos en este sentido. El primero tuvo lugar después de conocerse el lugar en que se reunieron el ministro de Fomento y el empresario Dorribo. El hecho de que se vieran en una gasolinera convirtió este insólito punto de encuentro prácticamente en el eje central de los comentarios sobre el caso. El segundo paso que ayudó a oscurecer los verdaderos perfiles del asunto fue si el señor Dorribo había sido recibido también por el actual presidente de la Xunta. Introducir en el debate que el empresario lucense fue recibido por el señor Núñez Feijoo se hizo para sugerir maliciosamente una equiparación entre la conducta de los dos políticos.
Pues bien, el verdadero meollo del asunto no es ni dónde se reunió el ministro Blanco con el empresario lucense, ni si este fue recibido también por Alberto Núñez Feijoo. Y es que, desde el punto de vista legal, no solo nada impide que un ministro o el presidente de la Xunta reciban a un empresario, sino que parece hasta conveniente y lleno de sentido que lo hagan cuando se trata de un empresario de cierta importancia. Por si esto no fuera suficiente, tampoco está escrito en norma alguna que se considere ilícito fijar como lugar de reunión una gasolinera. Esto no deja de ser una simple anécdota que es irrelevante para el proceso penal en curso, aunque pueda ser objeto de crítica por su falta de oportunidad.
La clave de la cuestión está en que el señor Dorribo declaró, al parecer, que le entregó cierta cantidad de dinero al señor ministro, a través de la vía indirecta de un primo, para obtener ventajas políticas. Este es el verdadero meollo de la cuestión: lo realmente trascendente es si ha habido o no la supuesta percepción por parte del señor Blanco de una cantidad de dinero por favorecer los intereses del empresario Dorribo. Y en esta cuestión la posición del presidente de la Xunta no admite la más mínima comparación porque a él el empresario Dorribo ni siquiera lo ha mencionado. Por eso, mezclar en este asunto al presidente de la Xunta puede servir para el impreciso e interesado debate político y para tratar de desgastarlo en el ejercicio de su actividad al frente de la Xunta. Pero no servirá en absoluto para arrojar sobre él la más mínima sospecha de corrupción.
El ciudadano informado debe saber que lo que interesa al derecho, y en esto parece que se está actuando con el rigor propio de la investigación judicial, es si el empresario lucense ha pagado o no a ciertos políticos, entre ellos José Blanco, las comisiones que asegura haberles entregado. Aclarar este asunto es el verdadero núcleo de la cuestión y lo que debe interesar a los ciudadanos. Lo demás es ensombrecer el panorama mediático con la tinta del calamar que tanto se derrama últimamente en la política.
