La negociación con ETA
Entre las resoluciones aprobadas tras el último debate sobre el estado de la nación, figura una que autoriza al Gobierno a iniciar negociaciones con ETA con la condición previa de que ésta abandone las armas. Esta resolución, que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios con excepción del PP, supone, para muchos comentaristas políticos, una ruptura, al menos de hecho, del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que habían suscrito la pasada legislatura los dos partidos mayoritarios.
Del propio título de este pacto se desprende que su finalidad última es acabar con la organización terrorista ETA. Para lo cual, la vía elegida hasta ahora fue utilizar todas las armas del Estado de Derecho para acabar derrotando a la banda terrorista. No es exagerado afirmar que las medidas tomadas por el anterior Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, entonces en la oposición, debilitaron de manera extraordinaria a ETA. Así las cosas, parecía que, en la actual legislatura, lo más indicado era proseguir la vía iniciada hasta vencer, de una vez por todas, a dicha banda.
La resolución que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados es claro que opta por otra vía: la de la negociación. Lo cual plantea la duda de si esta nueva vía cabe en los términos del pacto o está fuera del mismo. Si el texto del pacto admite cualquier vía para acabar con el terrorismo, la resolución no supondría por sí misma un incumplimiento del pacto, cosa que sí sucedería, en cambio, si se hubiese descartado expresamente la vía de la negociación.
Se puede admitir que la nueva vía persigue, en principio, la misma finalidad que la anterior: acabar con ETA. Lo que ocurre es que el camino es radicalmente diferente.
Mientras la vía de la asfixia estaba dando buenos resultados y no comportaba para el Estado ninguna contrapartida, la nueva vía suscita dudas sobre su eficacia por las fracasadas experiencias anteriores, y, desde luego, va a suponer concesiones a la banda terrorista, centradas, básicamente, en un aumento del autogobierno y en aliviar la situación de los presos. Si la primera contrapartida nos afecta a todos, la última incide especialmente sobre los damnificados por las acciones terroristas (las víctimas, los políticos y empresarios amenazados), los cuales podrían sentirse defraudados.
Si tuvieran éxito, las dos vías conducirían al mismo final: la desaparición de ETA. Pero mientras en la primera vía sería como consecuencia de una derrota de la banda terrorista, en la segunda sería a causa de un proceso de paz, entendida esta palabra como «reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia» (acepción 5ª del Diccionario). Si, como parece, el Gobierno del PSOE ha optado por la vía de esa paz, debería tener presente que la reconciliación presupone la vuelta a la concordia de dos partes. Y hasta ahora una de las partes, en la que están los más afectados: las víctimas de terrorismo, el Foro de Ermua, y destacados socialistas como Rosa Díez, Maite Pagazaurtundúa y Gotzone Mora, entre otros, no sólo no ha sido requerida para que manifieste si está dispuesta a la reconciliación, sino que está con los que defienden la primera vía.
