Interés general e interés electoral
Durante la vigencia de la Constitución se ha ido produciendo una lenta pero imparable profesionalización de la política. Dedicarse hoy a esta actividad supone prácticamente lo mismo que ejercitar cualquier otra profesión: es la manera que tiene uno de sustentarse del producto de su trabajo. Pero, al contrario de lo que sucede en otras profesiones que son permanentes, el cargo político es por lo general inestable, está sometido periódicamente a reelección. En cada contienda electoral, el partido ganador es el que acaba copando los puestos de trabajo más relevantes, razón por la cual el principal interés que mueve a toda formación política es ganar las elecciones y conseguir, de este modo, el poder.
Ahora bien, como el triunfo electoral lo otorgan los votantes, cada partido político tiene que hacerles la oferta programática más atractiva, que suele consistir en una propuesta repleta de derechos y ventajas. Y cuantos más, mejor. Lo contrario, es decir, la imposición de deberes, restricciones y privaciones, por muy necesaria que sea, difícilmente resultará atractiva para el elector. Por eso, la contienda electoral suele consistir en una carrera en la que para ganar al adversario hay que ofertar más y mejor que él.
El problema se plantea cuando la economía del país no solo no permite ampliar los derechos de los ciudadanos, sino que exige, al menos transitoriamente, todo lo contrario: recortarlos. En esa situación, entran en conflicto el interés general de España y el interés electoral de cada partido.
La formación política que anteponga el interés general al suyo propio y haga una oferta acorde con una situación económica precaria correrá un riesgo serio de perder las elecciones y, por consiguiente, verá sensiblemente reducidos sus puestos de trabajo. Hecho este que tendrá de inmediato una repercusión negativa en los dirigentes del partido -los obligarán a retirarse- aunque hayan actuado responsablemente al proponer un programa con recortes. Y, al contrario, el partido que opte por su propio interés y haga ofertas imposibles de cumplir es muy probable que gane las elecciones y obtenga muchos puestos de trabajo con el consiguiente regocijo de sus militantes, pero acabará teniendo que incumplir inexorablemente sus promesas electorales.
Ante la disyuntiva de no prometer lo que no se puede dar o prometerlo a sabiendas de que habrá que incumplir, los partidos poco serios suelen optar por lo segundo. No importa mentir al electorado si con ello se consigue el voto de los ciudadanos y los puestos de trabajo para sus afiliados. Vemos, pues, que el sistema democrático encierra cierta perversidad, porque lo que es bueno coyunturalmente para los partidos puede ir en contra del interés general. Sin embargo, entre la demagogia (ganarse con halagos el favor popular) y la conducta responsable de decir la verdad, un pueblo maduro prefiere lo segundo: entiende los recortes y hasta está dispuesto a sufrirlos, pero solo si los que los proponen dan ejemplo y comienzan por ser los primeros en soportarlos. Y es que por muy profesional que sea el ejercicio de la política, los partidos tienen que defender por encima de todo el interés general, antes que satisfacer su propio interés partidario.
