El pueblo y los políticos derrochadores
El pueblo soporta siempre las consecuencias de una gestión derrochadora por parte de sus políticos, sin que llegue siquiera a plantearse la posibilidad de exigirles responsabilidad. Pero no es porque no haya normas. La Constitución dispone que el Gobierno responde directamente por su gestión y en la Ley 30/1992 se establece la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas. En este punto, ambos textos normativos siguen el principio generalmente aceptado en materia de gestión de intereses ajenos de que el administrador -y el político lo es- responde ante el administrado de las consecuencias de una gestión negligente y dañosa. Pues bien, los hechos demuestran que, aunque existan normas, los políticos no suelen responder personal y patrimonialmente por el resultado de su gestión.
En efecto, España ha entrado en una grave y duradera crisis económica que amenaza seriamente nuestro Estado de bienestar porque en los últimos años los gestores públicos gastaron bastante más de lo que ingresó Hacienda y rebasaron ampliamente el déficit estructural que podíamos soportar. Justamente por ello, a finales de septiembre del 2011, se reformó la Constitución para obligar a todas las Administraciones a actuar de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria. Lo cual significa que, en el futuro, España no puede gastar más de lo que ingrese, ni superar el déficit estructural que fije la Unión Europea.
Pero ¿qué se ha hecho para rebajar el elevado déficit anterior?, ¿se ha exigido responsabilidad a sus causante? La respuesta a esta última pregunta es que no ha habido iniciativa alguna por parte de nadie para exigirles responsabilidad, al contrario de lo que sucedió, por ejemplo, en otros países como Islandia. Y con respecto a las medidas que se tomaron, los nuevos gestores echaron mano de lo más fácil y rápido para salir lo antes posible de la crisis: subir los impuestos y congelar, cuando no reducir, los sueldos de los servidores públicos y las prestaciones sociales. Es decir, han hecho recaer sobre los ciudadanos las consecuencias económicas de la nefasta gestión anterior. Lo cual revela que en política es sumamente fácil la gestión. Si el político de turno derrocha e incurre en déficit, no hay problema: se recauda más de los ciudadanos.
Sobre lo que me gustaría llamar la atención es que aceptemos como normal que al hablar de los remedios para superar la crisis solo se discutan nuevos medidas que han de soportar los ciudadanos. Nadie se plantea si convendría, aunque solo fuera por ejemplaridad, exigir responsabilidad a los causantes. Sabemos que no podrían pagar con su patrimonio personal el cuantioso daño causado, pero si se demostrase que despilfarraron podrían, al menos, ser inhabilitados para ostentar cargos públicos en el futuro. En cualquier caso, menos mal que hay normas que imponen a los políticos la responsabilidad directa por su gestión, porque de no existir ¡sabe Dios lo que se nos vendría encima!
