¿Convendría reformar la Constitución?

La Voz de Galicia
Domingo 26 de septiembre de 2010

Nuestra realidad actual no es la de 1978: España no tiene que convertirse, como sucedió en ese momento histórico, en una democracia. Entonces, y gracias a la generosidad de todos, se logró un texto constitucional consensuado en el que se dio cabida a todas las sensibilidades. Hubo una profunda descentralización del poder en beneficio de las autonomías. Y en ciertas leyes que desarrollaron la Constitución, como la Ley Electoral, se sacrificaron opciones políticas generales más representativas en beneficio de otras mucho más minoritarias, para que pudieran acceder los partidos nacionalistas al Parlamento español. Soy de los que piensan que entonces se hizo lo que había que hacer. Otra cosa es si el punto en el que nos encontramos es el que se deseaba al comienzo de la transición.

Digo esto porque hace unos días el Banco de España hizo pública la situación de las cuentas públicas. El déficit del conjunto de todas las Administraciones -la central, la autonómica y la local- asciende, en números redondos, a seiscientos mil millones de euros, de los cuales a las comunidades autónomas le corresponden más de cien mil millones de deuda (creció un 26,5% durante el último año), y a los ayuntamientos algo más de treinta y seis mil quinientos millones.

Las cifras son mareantes, pero serían, en cierto modo, defendibles si tuviéramos la sensación de que nuestros impuestos sufragan una Administración pública eficiente. Sin embargo, el sentir generalizado es justamente el contrario: el crecimiento elefantiásico de la burocracia no se ha traducido en la consiguiente mejora de los servicios públicos. Por si esto no fuera suficiente, se ha iniciado una revisión de los estatutos en la que las autonomías no cesan de pedir el traspaso nuevas competencias. Y hasta existe una comunidad autónoma, en la que a pesar de que su nuevo Estatuto ha sido declarado parcialmente inconstitucional, se buscan vías oblicuas para que pueda mantener las competencias inicial e inconstitucionalmente cedidas.

Ante esta situación, creo que ha llegado la hora de plantearse si no convendría reformar la Constitución, siguiendo en todo caso el procedimiento que ella misma prevé al respecto. Esto último significa que estamos ante un texto modificable y que es indiscutiblemente constitucional el hecho mismo de proceder a la reforma de nuestra Carta Magna. Por otra parte, se puede proceder a reformar la Constitución porque no se da ninguna de las circunstancias (guerra, estado de alarma, de excepción o de sitio) que impedirían iniciar dicho proceso.

La reforma podría consistir en profundizar la descentralización hasta configurar un Estado federal, o en poner orden, racionalización y punto final al actual Estado de las autonomías. Porque es mejor encarar de una vez este problema que agravar la desigualdad interterritorial que se viene produciendo por utilizar el traspaso de competencias como moneda de cambio para obtener mayorías parlamentarias. La España democrática de hoy es adulta, sabe lo que más le conviene, y puede encarar sin preocupación una reforma constitucional. Lo que es indiscutible es que las generaciones venideras no merecen que les dejemos un Estado tan hipertrofiado, endeudado e ineficiente.

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