Archivo de la categoría ‘Economía’

Hay que ponerse en la piel de quienes han sido alevosamente privados de sus ahorros para valorar sus airadas reacciones. La gran mayoría de ellos han sido víctimas de un plan pergeñado -no tengo datos para afirmar si con buena o mala fe- por las cúpulas directivas de ciertas entidades de crédito, que se llevó a cabo entre mediados del 2005 y finales del 2009. Durante estos años, las sucesivas emisiones de preferentes, por un importe de casi mil cien millones de euros, tuvieron por finalidad resolver un problema particular de tales entidades: aumentar sus insuficientes recursos propios.

Con este fin, sus empleados fueron instruidos para convencer a los pequeños ahorradores de que adquirieran, con el dinero que tenían en los depósitos a plazo, unos productos financieros, las participaciones preferentes, denominación tan sugerente como engañosa. El cebo para los clientes era la obtención de un interés más alto que el de los depósitos, pero se guardaba silencio sobre datos tan relevantes como que a partir de entonces el depósito de dinero, seguro y líquido, se convertía en un producto financiero sin una fecha de vencimiento determinada (era, por tanto, una inversión de tipo perpetuo) y con una liquidez prácticamente inexistente porque no existía un mercado secundario real para venderlo.

La nacionalización posterior de las indicadas entidades de crédito revela que ni siquiera con la tropelía de las preferentes llegaron a resolver el problema de la insuficiencia de sus recursos propios. En cambio, lo que sí consiguieron fue arruinar a muchas familias modestas que vieron disminuir o desaparecer, como por arte de magia, los ahorros de toda una vida. ¡Cómo no va a generar una ira incontenida una situación como esta!

Ahora bien, ¿están los preferentistas descargando su indignación contra los verdaderamente responsables? Es posible que les digan que eso no importa, que lo que conviene es protestar ruidosamente para sensibilizar a la sociedad. Lo que sucede es que canalizar la ira contra los que no han tenido ninguna responsabilidad puede resultar tan injusto como lo que les han hecho a ellos. Acosar a alcaldes, concejales o al partido que gobierna en Galicia, que no han tenido nada que ver en la colocación masiva de las preferentes, supone engañar de nuevo a los afectados: hay desaprensivos que están manipulando su estado emocional y los utilizan como arma arrojadiza en la lucha política.

Y digo lo que antecede porque si a los Gobiernos de Galicia y de la nación, y, sobre todo, al Banco de España, de aquellos años, les hubiera preocupado algo la economía del pueblo, habrían prohibido la colocación masiva de preferentes entre los modestos ahorradores. Lo que sorprende de todo el conflicto es la enorme habilidad de los responsables de la colocación masiva de las preferentes en el ahorro popular, que están logrando que los preferentistas no los culpen a ellos, sino a sus adversarios políticos

El sentir general actual de nuestra población es que la banca ha recibido un trato de favor que contrasta con el adverso dado a los ciudadanos más necesitados. Es cierto que la banca ha sido beneficiada, pero también lo es que los más necesitados no pueden considerarse maltratados. Ambos han sido objeto de la atención por parte del Estado. A la banca le han inyectado, a través del fondo de rescate, importantes recursos financieros para sanear sus balances con el fin de que no se llegara a colapsar el sistema financiero español; y a los más desfavorecidos los ha ayudado el Estado con las prestaciones sociales imprescindibles para su subsistencia.

La que de verdad está padeciendo la crisis económica es la llamada clase media, la cual no solo no recibe ayuda alguna, sino que es la ubre donde el Estado saca los recursos necesarios para enjugar el cuantioso déficit, consecuencia de una gestión política y económica deplorable. Además de soportar la crisis sobre sus ya vencidas y desgastadas espaldas, la sufrida clase media compone la clientela de la banca, de la que no ha recibido, en ciertos casos, el trato que se merecía.

En efecto, por si no fuera suficiente la presión fiscal del Estado sobre la clase media, algunas entidades de crédito han tratado de aprovecharse egoísta e insensiblemente de aquella. Y es que, cuando la situación económica de la banca empezaba a deteriorarse, algunas entidades lanzaron a sus comerciales y directores de zona a tratar de obtener nuevos recursos económicos, mediante el ofrecimiento a su clientela menos preparada de nuevos productos financieros de alto riesgo y de imposible comprensión, como revelaban ya sus propias denominaciones: participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Fue de este modo como cierta banca desaprensiva vació los depósitos a plazo (ausentes de todo riego) de sus pequeños ahorradores, y canalizó esos recursos a productos de gran riesgo de los que la propia banca obtenía pingües beneficios.

La situación es indignante: pequeños ahorradores, como consecuencia del engaño inesperado -y, por lo mismo, alevoso- de sus bancarios de confianza, han perdido parte importante de sus caudales acumulados, y -lo peor- no son muchas sus posibilidades de recuperarlos. Porque aunque se llegue a probar que dieron su consentimiento para invertir en esos productos sin comprender en qué consistían y el riesgo aparejado, la probabilidad de que todos los afectados recuperen la totalidad de sus ahorros choca con una condición impuesta por Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional -que son los financiadores del rescate a nuestra banca-, a saber: quienes en su día metieron sus ahorros en esas emisiones, asuman una quita proporcional.

Los sindicatos desempeñan un papel esencial en nuestro Estado democrático, ya que, según el Título Preliminar de la Constitución, «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Hasta tal punto son importantes que sindicarse libremente es un derecho fundamental de todos los asalariados que gozan, además, de la libertad de afiliarse al de su elección.

Todo aquel que respete la Constitución no puede, pues, poner en duda la necesidad institucional de los sindicatos, ni menospreciar el importante papel económico y social que desempeñan, ni, finalmente, dar menos importancia al derecho a sindicarse que a los demás derechos fundamentales y libertades públicas que reconoce nuestra Norma Fundamental.

Pero una cosa es el sindicato como institución y otro muy distinta el modo en que actúan sus máximos representantes. Está bastante extendida la opinión de que los actuales líderes sindicales vienen defendiendo desde hace tiempo sus privilegios personales e institucionales por encima de los intereses de los que trabajadores a las que representan. Habrá quien considere que cualquier reproche a los representantes sindicales supone una crítica a los sindicatos mismos que debe ser rechazada sin más porque proviene indefectiblemente de los aledaños de sus supuestos adversarios que son los empresarios y los políticos de la derecha. El que así piense -y lo digo con el máximo respeto- creo que se equivoca. El solo hecho de que se esté poniendo en duda si está siendo acertada o no la actuación de los líderes sindicales debería llevarles a reflexionar sobre si están cumpliendo la misión que les asigna la Constitución, que es, según he dicho antes, contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

Y es que las cosas han cambiado tanto desde la aprobación de la Constitución que hay que empezar por replantear cuál es el ámbito de la representación de los sindicatos Es verdad que nuestra Carta Magna habla específicamente de sindicatos de «trabajadores» y que trabajador es, en principio, quien tiene ocupación remunerada por su empleador. Pero también lo es que hoy en España hay más de cinco millones de personas que han perdido su empleo o que lo están buscando sin haberlo tenido nunca, cuyos intereses no pueden quedar desprotegidos. Los líderes sindicales deben, por tanto, defender los intereses de todos lo que han de vivir trabajando por cuenta ajena, aunque aún no tengan empleo, y no solo de los que ya lo tienen. Deberían, pues, meditar muy seriamente si por el solo hecho de perder cuotas de poder deben oponerse frontalmente a una reforma laboral que pretende, en primer lugar, que se destruya el menor empleo posible y, después, que se creen nuevos puestos de trabajo. La estrategia sindical anunciada es tratar de paralizar en la calle la reforma laboral en curso. Si lo lograran -cosa improbable pero posible- los grandes perjudicados serían los cinco millones parados, por lo que me pregunto si no deberían éstos adelantarse y salir ya a la calle para que los sindicatos no frustren sus exiguas y hasta ahora ignoradas esperanzas de encontrar trabajo.