Austeridad y gasto social

La Voz de Galicia

Sábado, 2 de mayo de 2009

Superado desde hace algún tiempo por la implacable realidad el superficial e ineficaz debate político –jaleado infantilmente en los medios- sobre si el gobierno utilizaba o no la palabra crisis, la cuestión que se somete actualmente a debate es otra. A saber:   cuál es la mejor salida para nuestra grave y preocupante situación económica, que nos ha situado a la cabeza de la Unión Europea en la tasa de desempleo (el 17,4% en el mes de marzo frente al 8,9% de la eurozona, según La Voz del pasado 1 de mayo).

No tengo conocimientos suficientes para intervenir en esta delicada cuestión, pero me gustaría hacer algunas reflexiones sobre cierto desenfoque que advierto en el modo en el que están planteadas las posturas que se enfrentan. Las dos posiciones que se discuten pueden sintetizarse así. Hay quienes propugnan reformas estructurales en nuestra economía, como por ejemplo, rebaja de impuestos, medidas de aseguramiento de las pensiones, pero sobre todo hacer más flexible el mercado de trabajo, en el doble aspecto de la duración de los contratos laborales y del abaratamiento del despido. Frente a esta posición, se alza otra que defiende una salida social de la crisis, en el sentido de aumentar el déficit público para mantener las políticas sociales y tratar de que la crisis no sea soportada por los más desfavorecidos, que son los desempleados.

Hay, sin embargo, un ingrediente que hasta ahora solo han puesto en práctica unos, pero que debería ser –y esto es lo que me interesa subrayar- un presupuesto común e imprescindible en ambas políticas de superación de la crisis. Me refiero, como ya habrán adivinado, a la austeridad en el gasto público. Y es que si se administra con rigor y se suprimen gastos, no ya los dispendiosos y los totalmente innecesarios –que los hay y son muchos y cuantiosos-, sino incluso aquellos de los que se puede prescindir sin que se afecte sensiblemente el funcionamiento de la administración pública (como la supresión de ciertos Ministerios y Consejerías), se logra un ahorro de fondos públicos que sea cual fuere su destino reducirán nuestro preocupante déficit público.

En el largo trayecto que va desde la recaudación pública hasta el gasto final en las políticas sociales, hay un escalón intermedio, los fondos que consume la propia administración, en el que puede se pueden recortar gatos en la medida que se considere oportuna. Pero bien entendido que cuanto mayor sea el grado de austeridad, más cuantiosos serán los fondos públicos liberados, que si son destinados a políticas sociales reducen en esa misma medida el déficit público del Estado. Por poner el socorrido ejemplo de la familia: si los ingresos de una familia no son suficientes para cubrir todas sus necesidades, cuanto más gastos prescindibles se  supriman, menor será la necesidad de acudir al crédito ajeno.

Pero la austeridad pública tiene un efecto ulterior: lo que supone de ejemplo para los ciudadanos. En tiempos de crisis, no es que sea inadmisible una actitud de ostentación y despilfarro, es que llega a ser incluso inaceptable una política que no se base en la austeridad.

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