Actividades discutibles y pasividades inadmisibles
Actividad significa «diligencia, eficacia» y también «prontitud en el obrar». La palabra sugiere, por tanto, una respuesta inmediata ante un determinado acontecimiento. Por su parte, pasividad quiere decir justamente lo contario: dejar obrar a los demás, sin hacer por sí cosa alguna. Pues bien, en los últimos tiempos nuestros gobernantes han dado muestra de alguna actividad muy discutible y de alguna pasividad intolerable.
No es exagerado afirmar que ante el reciente paro masivo de los controladores aéreos, el Gobierno central obró con prontitud al cerrar el espacio aéreo español, decretar el estado de alarma y militarizar el servicio de control aéreo. Lo cual, en principio, sería de alabar enteramente de no ser por dos razones.
La primera es que ante hechos más graves no mostró la misma actitud. Recuérdese, en efecto, que entre finales de junio y primeros de julio de este año hubo una huelga salvaje de conductores en el metro de Madrid que privó de este medio de transporte durante algunos días a más de dos millones de personas (frente a las doscientas cincuenta mil en el conflicto de los controladores) que lo utilizaban, en su gran mayoría, no para ir de puente, sino al trabajo. Ante este acontecimiento, el Gobierno central dejó el conflicto en manos de la Comunidad de Madrid y de los sindicatos de conductores.
La segunda razón es la dudosísima proporcionalidad entre la acción de los controladores y la respuesta del Gobierno. En mi modesta opinión, si el paro del metro no condujo al Gobierno español a declarar el estado de alarma, menos todavía debería haberlo hecho el paro de los controladores, que afectó -insisto- a muchas menos personas y en traslados no laborales sino en su mayor parte vacacionales.
Entre las pasividades inadmisibles hay que situar la sorprendente falta de actuación de las fuerzas de seguridad coruñesas durante la marcha de los okupas el pasado domingo. Es de todo punto intolerable que las fuerzas policiales que escoltaban a los manifestantes permaneciesen pasivas ante los actos vandálicos y los destrozos que iban ocasionando en los bienes de la zona. No se entiende que los mandos no hubieran ordenado una contundente actuación contra tan reprobable alteración del orden público. Y es que en un verdadero Estado de derecho no se puede consentir, porque va contra los propios pilares del sistema, una marcha de individuos con capuchas y antorchas encendidas (indumentaria que no anunciaba nada bueno), transitando por las calles sin respetar la libertad de los transeúntes y la propiedad ajena.
Ha llegado la hora de que nuestras fuerzas políticas abandonen el absurdo complejo de confundir el libertinaje con la libertad y de creer que mantener enérgicamente el orden es una actitud antidemocrática. Si el monopolio de la fuerza reside en el propio Estado, es para que defienda, entre otras cosas, la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y la integridad de sus bienes. Hacer dejación de este deber puede llevar a los ciudadanos afectados a pensar en la autotutela, lo cual supondría regresar al feudalismo.
