Despilfarros públicos injustificables

La Voz de Galicia
Domingo 03 de octubre de 2010

Una de las principales preocupaciones de los españoles es la gravedad de nuestra situación económica. A nivel macroeconómico, los últimos datos muestran que la economía española está estancada, no crece o lo hace mínimamente. Y a nivel de cada hogar, los datos revelan que cada vez es menor el dinero disponible: el 30% de las familias reconocen dificultades para llegar a fin de mes.

Ante esta situación, la sabia y prudente conducta de los particulares contrasta con la de la Administración pública. A nivel familiar, a pesar de que cada vez se cuenta con menos recursos, la tasa de ahorro ha crecido en el último trimestre del 2009 hasta situarse en el 24,7%, que es el valor máximo trimestral hasta la fecha. Es decir, frente a las dificultades económicas, el mensaje que envían los ciudadanos a los gobernantes es muy claro: no hay otro remedio que apretarse el cinturón y nosotros somos los primeros.

Las cosas son distintas en las Administraciones públicas (central, autonómica y local). Su deuda asciende, según los datos del Banco de España, a seiscientos mil millones de euros. Esto significa que el Estado español tiene que ir devolviendo esos seiscientos mil millones de euros sin dejar de atender a todo lo que tiene que pagar cada año. Y como el Estado paga con lo que ingresa, que procede, en una importantísima parte, de nuestros impuestos, somos los ciudadanos los que acabamos soportando el despilfarro de nuestra Administración pública.

Para pagar el déficit, el Gobierno ha recurrido hasta ahora a la vía fácil de subir los impuestos, rebajar los sueldos de los funcionarios, y congelar las pensiones. Pero no sería objetivo si no dijera que también ha realizado esfuerzos para reducir el gasto público. Sin ir más lejos, en mayo de este año, el Consejo de Ministros aprobó medidas para reducir el gasto público en 15.250 millones de euros en el plazo de dos años. Por eso, me parecen absolutamente criticables dos medidas adoptadas por dos comunidades autónomas que, lejos de revelar una diligente y ordenada gestión de los recursos ajenos que administran, denotan un derroche malversador del dinero de todos los ciudadanos.

Me refiero, de un lado, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que va a destinar una notable partida presupuestaria para indemnizar con 1.800 euros a cada mujer que pruebe, mediante juramento o testimonios de terceros, que sufrió represión en su honor, en su intimidad o en su imagen por parte del franquismo entre 1936 y 1950. Y, de otro, al Principado de Asturias, en cuyo boletín oficial de abril de este año se prevé una partida de 450.000 euros para ayudas individuales, directas, extraordinarias y no periódicas a asturianos y descendientes de asturianos residentes en América Latina.

¿Tendrá esto algo que ver con el voto? ¿Es honesto destinar esos recursos aportados con enorme esfuerzo por los ciudadanos para tratar de perpetuarse en el poder? ¿Nos quieren convertir en un país de subvencionados para cautivar nuestros votos? Respóndanse ustedes mismos.

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